En el estatal Diario de CentroAmérica con la firma del mandatario, la norma busca establecer un apoyo social temporal destinado a la reducción de precios para los consumidores, con el fin de mitigar el impacto económico que se da desde inicios de febrero último.

La contribución establecida en la Ley tendrá una duración de tres meses, contados a partir de la publicación del reglamento del decreto o hasta que se agote la disponibilidad presupuestaria autorizada, lo que ocurra primero, según el Decreto 11-26.

El Ministerio de Finanzas Públicas realizó una readecuación de dos mil 200 millones de quetzales (cerca de 288 millones de dólares) y Energía y Minas deberá emitir el reglamento de la Ley dentro de un plazo de cinco días.

Las estimaciones técnicas, trascendió aquí, sitúan la ejecución del monto para el año entre el 94 y 96 por ciento, lo cual permite reasignar dinero sin afectar de manera significativa la prestación de servicios públicos ni la operatividad de las instituciones del Estado.

El Gobierno aseguró que los presupuestos de los ministerios de Educación, Salud Pública y Asistencia Social, y Gobernación no serán objeto de reducción.

El apoyo será de ocho quetzales (poco más de un dólar) por cada galón de diésel y cinco (65 centavos de dólar) por cada uno de gasolina súper o regular, y deberá reflejarse directamente en el precio final al consumidor.

En los considerandos, la Ley subrayó que el país, en su condición importador neto de hidrocarburos, se encuentra expuesta a la alta volatilidad de los valores internacionales del petróleo.

Transportistas realizaron aquí varias manifestaciones contra el incremento de los precios de combustibles e incluso llegaron a plantear ajustes a las tarifas.

Estos alcanzaron niveles que no se veían en un buen tiempo, lo que mantuvo encendidas las alarmas tanto en el bolsillo de los ciudadanos como en gremios, y el Legislativo comenzó a discutir propuestas para mitigar el impacto el 17 de marzo.

mem/znc