El viernes 27 de marzo un estudiante ingresó al establecimiento y asesinó a María Victoria Reyes, de 59 años, además de causar heridas a otra funcionaria y a tres alumnos.

La acción del joven de 18 años provocó una gran conmoción en el país y fue calificada como el hecho más grave ocurrido dentro de un recinto docente en los últimos años.

Autoridades del ramo decidieron el cierre temporal de actividades y este lunes comenzaron sus clases alumnos de primero a quinto básico, los niveles de sexto a octavo lo harán el miércoles y el viernes se incorporan los estudiantes de la enseñanza media.

Junto con el reinicio del curso, la madre del imputado por el crimen colectivo pidió perdón a las familias afectadas por el incidente.

Yo sé que no hay palabra que vaya a devolverle la vida a la inspectora. No hay palabra ni un gesto, ni la peor condena que mi hijo pueda recibir. Ojalá en algún momento pueda decírselos de frente, aseguró.

Ante el impacto del ataque, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley denominado “Escuela segura”, que contiene una serie de iniciativas destinadas a evitar la repetición de estos hechos.

Entre ellas está la revisión de bolsos y mochilas en la entrada a los colegios; endurecer las sanciones legales contra quienes resulten culpables de hechos violentos y eliminar la gratuidad a nivel superior a los que hayan sido condenados por cualquier forma de violencia escolar.

El texto, que desde hoy está en debate legislativo, recibió numerosas críticas por estar centrado en el aspecto punitivo, sin llegar al fondo del problema, como la salud mental, la extensión de la violencia a nivel social, el aislamiento y la falta de contacto entre la comunidad escolar.

Luego de los lamentables hechos en Calama se multiplicaron las llamadas a escuelas y universidades con amenazas de tiroteos y otras agresiones.

En poco más de tres semanas las autoridades educativas recibieron unos 700 mensajes agresivos.

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