El tema salió a la luz a raíz del ataque en un establecimiento educacional de la norteña ciudad de Calama, donde un alumno del Instituto Obispo Silva Lezaeta agredió con arma blanca a una inspectora y le dio muerte, además de herir a otra funcionaria y a tres alumnos.

Ese hecho fue calificado por el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, como el más grave ocurrido en la educación chilena en los últimos años.

Después del caso de Calama, las autoridades detectaron mensajes y grafitis sobre supuestos tiroteos en establecimientos de todo el país, lo cual obligó a la suspensión de clases, a la movilización de policías y la apertura de investigaciones.

Este lunes en la tarde, la Cámara Baja comenzará a debatir en el plenario el proyecto Escuelas Protegidas, impulsado por el Gobierno, el cual es considerado por sectores de la oposición como insuficiente por no atacar las causas del problema.

La iniciativa contempla la revisión de mochilas y bolsos en la entrada de los establecimientos, aumentar las facultades a los profesores para aplicar “acciones correctivas y disciplinarias”, así como sancionar a quienes provoquen la interrupción de clases, entre otras medidas.

Además, establece como requisito para acceder a la gratuidad en la universidad no haber sido condenado por delitos que afecten la vida, la integridad física o psíquica, ni la propiedad o infraestructura pública.

No obstante, varias voces alertan que la propuesta se queda nada más en los aspectos punitivos del flagelo y no atiende sus causas más profundas.

El presidente del Colegio de Profesores de Chile afirmó que no hay una sola mención a uno de los principales focos del problema, que es la salud mental.

Otro punto controvertido es el condicionar la gratuidad en la educación superior a no tener condenas por delitos contra personas o la propiedad.

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