Ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, Encina desmontó con ejemplos la premisa central de la iniciativa de que la sanción penal reduciría las entradas al territorio nacional.

El 2021, cuando existía el Decreto Ley mil 94 que criminalizaba la migración irregular, fue el año con mayores flujos registrados en la historia reciente del país, sin embargo, desde la entrada en vigor del régimen administrativo en 2022 la cifra disminuyó en casi 50 por ciento, dijo.

La Defensora alertó sobre eventuales efectos discriminatorios cuando se sancione a personas que no tienen recursos para hacer un viaje directo, sino a través de las fronteras terrestres.

Recordó que el derecho internacional establece que la migración irregular, en sí misma, no atenta contra ningún bien jurídico.

Avanzar en la criminalización podría implicar riesgos en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile, expresó.

Aunque el proyecto fue rechazado por tres votos a dos en la comisión del Senado, mañana pasará a la sala de la Cámara Alta para su discusión.

El nuevo gobierno de José Antonio Kast, que asumió el poder el 11 de marzo, promueve la mano dura contra los migrantes y prometió expulsar a más de 300 mil personas en situación irregular.

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