Morillo señaló que el beneficio, vigente hasta finales de abril, podría ampliarse de forma limitada, sin prolongarlo por mucho más tiempo, como solicitan algunos gremios.

“Este es el último mes de compensaciones; analizamos ampliarlo uno o dos meses más, pero no más”, afirmó la funcionaria en entrevista con el canal Teleamazonas.

Detalló que, desde la eliminación del subsidio al diésel en septiembre de 2025, el Estado ha destinado 177,5 millones de dólares para unos 57 mil transportistas y aseguró que el Ejecutivo mantiene el diálogo con el gremio.

En relación con las tarifas del transporte público, la ministra apuntó que la definición no corresponde al Gobierno central, sino a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), es decir, municipios y prefecturas.

Por su parte, Fernando Ortiz, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado (Confetrape), advirtió que podrían detener sus operaciones si no obtiene respuestas en un plazo de 15 días debido a los altos costos operativos tras el alza de los combustibles.

“Los transportistas no queremos parar. No estamos en capacidad de hacerlo, pero si el Gobierno no nos da solución, tendremos que apagar nuestros motores”, señaló.

El dirigente sostuvo que la actividad se ha vuelto insostenible por el incremento del diésel, cuyo precio pasó este mes de abril de 1,80 a cerca de 2,96 dólares por galón bajo un sistema de bandas ligado al mercado internacional.

Según Ortiz, los costos operativos se han triplicado, lo que ha llevado al sector a plantear medidas como focalización de subsidios y un sistema de ajuste dinámico de tarifas.

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