Para justificar su acción la Casa Rosada dice que se trata de una iniciativa contra el fraude en los haberes por invalidez, vista como una proclama de una nueva ofensiva libertaria que busca reestructurar el sistema de pensiones por discapacidad en Argentina y delimitar con mayor rigor quiénes deben recibir asistencia estatal.
Familiares de personas discapacitadas comparecieron en programas televisivos y espacios radiales para reclamar a los legisladores que rechacen tal proyecto que implica mayores recortes de fondos para este sector vulnerable y que prácticamente anula la actual norma de asistencia social para estas personas aprobada el pasado año.
El proyecto de reforma presentado la víspera modifica el régimen de pensiones por discapacidad, y apunta a reforzar los controles sobre los beneficios y redefine tanto las condiciones de acceso como de permanencia en el sistema.
A los grupos de familiares se sumaron gremios y trabajadores del Hospital Pediátrico Dr. Garrahan, referente a escala regional, en la denuncia penal contra el mandatario y otros funcionarios por el brutal ajuste que pretende imponer en pensiones, medicamentos y tratamientos médicos.
La comunicadora Daniela Aza declaró que “lo que se vive hoy es histórico, inédito y de una tristeza absoluta. La política del desamparo es dolorosa y deliberada”, enfatizó según citó el diario Página12.
La actual ley fue aprobada y ratificada el pasado septiembre por ambas cámaras del Congreso que rechazaron el veto presidencial, pero el ejecutivo nunca la implementó.
Ante esta situación, agrupaciones de familiares y trabajadores convocaron una movilización frente al Ministerio de Salud para este miércoles a las 11:00 hora argentina.
Son dos las denuncias penales presentadas ante la justicia contra el gobierno libertario por esta causa: una presentada la semana pasada por colectivos de discapacidad, familiares, prestadores de servicios e instituciones, por el abogado especialista en Derechos Humanos Javier Garin.
Además de denunciar el incumplimiento de deberes estatales y abuso de autoridad, denuncian abandono de persona. Esto se debe a que consideran que “hay una política dolorosa, deliberada y sistemática de quitarles las prestaciones a estas personas, que quedan totalmente desamparadas”, dijo Garin a Página 12.
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