La designación se produjo tras una terna enviada por la prefecta Marcela Aguiñaga, quien anunció que dejará el cargo el 14 de mayo, un año antes de finalizar su mandato.

Encalada, expresidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral, ocupará por ahora la viceprefectura y a partir de esa fecha asumirá como máxima autoridad provincial.

El proceso se dio en un contexto político inusual, marcado por la renuncia previa no sólo de Aguiñaga, sino del viceprefecto Carlos Serrano, lo que abrió paso a un relevo indirecto en la administración del Guayas sin mediar elecciones.

Tras su designación, Encalada, de 43 años, dijo ser “apolítico” y aseguró que su gestión estará orientada a garantizar una transición “ordenada”, así como a fortalecer áreas como la vialidad, la producción agrícola y la gestión de riesgos, especialmente ante posibles efectos del fenómeno climático El Niño.

La decisión generó cuestionamientos, entre ellos el del expresidente Rafael Correa (2007-2017) cuestionó el proceso y afirmó que podría tratarse de un “fraude democrático”, al considerar que el control de la provincia pasaría a manos del oficialismo sin votación popular.

“Hoy podría consumarse uno de los mayores fraudes democráticos en la historia del Guayas: sin un solo voto, la Prefectura que la Revolución Ciudadana ganó en las urnas pasaría a manos del gobierno de (Daniel) Noboa”, mencionó Correa.

El exmandatario consideró que “por más presiones o amenazas que hayan recibido Marcela Aguiñaga y Carlos Serrano, prestarse para algo así es sencillamente vergonzoso”.

La provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, es un territorio estratégico para la economía ecuatoriana, especialmente por su peso en el comercio, la agroindustria y las exportaciones, por lo que el cambio de liderazgo capta la atención en el escenario político nacional.

A eso se suma que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanece con una orden de prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro, de máxima seguridad, aunque la investigación por la cual es acusado está en curso y muchos consideran el caso como persecución política.

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