Con inicio en El Trébol, el Periférico, el Obelisco y la calle Martí, cientos de participantes portaron carteles con frases como La tierra no se vende, se defiende, o exigiendo resuelvan situaciones agrarias de comunidades como Río Los Amates, oriental departamento de Izabal.

En el Día de la Madre Tierra, destacaron Mujeres en lucha y resistencia por el buen vivir, representantes del movimiento sociopolítico Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), junto al el Comité Campesino del Altiplano.

También el Frente Nacional de Lucha y el Movimiento Estudiantil Universitario, quienes condenaron el fraude cometido por Walter Mazariegos, quien asumirá un segundo mandato como rector de la Universidad San Carlos, la única pública del país.

Un grupo se hizo presente ante la sede del Congreso para reprobar los altos salarios que se autorrecetaron los diputados en febrero del año pasado, reclamar falta de atención al tema agrario por parte del Ejecutivo y el alto costo de la vida.

En la Plaza de la Constitución, Xandra Xínico de Codeca, expresó que estaban presentes por la recuperación de los bienes privatizados, además, insistió, porque los parlamentarios cobran más y los pueblos sufren el encarecimiento cada día.

Cristian Álvarez leyó que la tierra no es un recurso explotable que deba ser destruida para enriquecerse, tal como el capitalismo y los imperialismos buscan imponer. Defenderla es urgente, ante la avanzada del fascismo y el neocolonialismo que intentan apoderarse de ella para seguirla saqueando hasta devastarla, acotó.

Mientras los pueblos que la defienden son perseguidos, quienes la destruyen siguen impunes y protegidos por el poder, describió. Denunció que la administración de Bernardo Arévalo ha sido indiferente ante la necesidad de la mayoría de la población de acceder a la tierra para vivir y alimentarse.

Expuso que continúan los desalojos, una amenaza para cientos de familias, sin que les otorguen ninguna opción, con la prioridad en el uso de la fuerza y los elementos de la Policía a disposición de los finqueros y terratenientes.

Exigió la ratificación por parte del Estado chapín del Acuerdo de Escazú, en el marco de la protección de los defensores de derechos humanos y de la Madre Tierra.

Repudió que sigan legislando a favor de las élites empresariales, que no satisfecha de todo el robo quiere apoderarse también del agua, a través de una Ley construida de espaldas a las comunidades, y en un secretismo que alarma.

Los manifestantes pidieron a Arévalo rompa con los pactos de impunidad en la elección de Fiscal General y garantice un Ministerio Público al servicio de la justicia.

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