El expediente dio inicio con una audiencia de acción constitucional en la que se cuestionaba la supuesta falsedad en los documentos presentados por la actual magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, irregularidad que no fue investigada y cuya comisión fue negada por esta autoridad.
Respecto a la acusación contra Siles y los otros implicados, firmada por los fiscales Omar Condori, Miguel Cardozo y Wilson Mecrado, se solicita al juez anticorrupción número 17 de La Paz que se inicie el trámite para el comienzo del proceso judicial con una petición de sentencia para todos los involucrados en grado de autores de los delitos de tráfico de influencias, consorcio y organización criminal.
Comparecen como acusados Yván Noël Córdova, expresidente del Tribunal Departamental paceño de Justicia (TED); César Siles, Claudia Castro, exvocal del TED; y José Ramiro Uriarte, abogado de la persona que presentó la acción de cumplimiento contra Coaquira.
También figuran en el banquillo Iván Campero, magistrado suplente de Coaquira; Sergio Edwin Sarmiento, funcionario del juzgado de Coroico y Oscar Antonio de la Fuente, persona que presentó la acción de cumplimiento contra la exmagistrada Coaquira y se encuentra prófugo de la justicia en el contexto de este expediente.
Uno de los primeros aprehendidos en este caso fue el exjuez del municipio de Coroico Marcelo Lea Plaza, quien tras salir de la cárcel a la detención domiciliaria se suicidó. Antes de su fallecimiento, Lea Plaza acusó a los funcionarios de Régimen Penitenciario y al Ministerio de Gobierno del Ejecutivo del expresidente Luis Arce de someterlo a torturas y presión para direccionar sus declaraciones.
Los fiscales piden que las condenas deben ser cumplidas en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes y el recinto Penitenciario de San Pedro, en La Paz, respectivamente, más al pago de los costos al Estado y la reparación de daño civil que deberá ser calificado en la ejecución de sentencia.
En esta pesquisa las autoridades investigan la presunta manipulación de un proceso judicial con el objetivo de forzar la destitución de la magistrada del TSJ Fanny Coaquira, y de esa forma buscar el control del Órgano Judicial.
Detonó este escándalo el 14 de junio de 2025 con la renuncia del entonces ministro de Justicia Siles, y 24 horas después el medio Brújula Digital publicó una grabación en la cual el extitular instaba a un juez a firmar un veredicto prevaricador que suspendía a Coaquira y ordenaba colocar en ese cargo a su suplente, Yván Campero.
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