El exgobernante fue condenado a más de 10 años de cárcel por el delito de blanqueo de capitales en calidad de autor en el proceso contra la sociedad empleada para colectar fondos procedentes de contratos estatales manejados de manera irregular para la compra de un grupo editorial.

El nuevo fallo de la CSJ responde a demandas de inconstitucionalidad presentadas por los abogados Nadia Castillo y Ángel Álvarez, este último en representación de Marta Linares de Martinelli.

El máximo tribunal ordenó la acumulación de varias acciones legales identificadas bajo distintos expedientes, todas dirigidas contra actuaciones judiciales y fiscales vinculadas al proceso de New Business.

Esas demandas cuestionaban tanto la resolución indagatoria emitida por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, como la sentencia posterior dictada por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, presidido por Baloisa Marquínez

Tras analizar los recursos, la CSJ concluyó que ambas decisiones no son inconstitucionales, validando así su legalidad dentro del proceso.

En su momento, Marquínez también sancionó a Martinelli con el pago de 19,2 millones de dólares, como pena accesoria por la compra del grupo Editora Panamá América, el conglomerado de tres medios escritos que adquirió en diciembre de 2010, a través de interpuestas personas con dinero procedente de la comisión de delitos contra la administración pública.

De esta manera, la CSJ cerró por completo las intenciones de la defensa de Martinelli de querer desvincularlo del caso New Business, lo que representa un nuevo revés jurídico del exmandatario.

Junto al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), Martinelli es otro de los acusados en el caso Odebrecht, la mayor trama por corrupción en el país.

El principal delito investigado es contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, cuyo origen se vincula a los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, de acuerdo con la Fiscalía.

Para ejecutar los pagos ilícitos, Odebrecht estableció un mecanismo interno diseñado para gestionar sobornos a través de sociedades fachada y cuentas en paraísos fiscales, utilizadas por intermediarios designados por funcionarios panameños.

El propósito de los sobornos era obtener contratos millonarios de obras públicas en el país, una práctica que se repitió en diversos proyectos estatales.

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