Mediante un comunicado, la reconocida entidad señaló que a ambos (el primero su presidente en 2023 y el segundo, tesorero ese año) se les detuvo por el único “delito” de defender la voluntad y la democracia (de las elecciones generales).

Desde la captura de ambos, acotó, el sistema de justicia no presentó pruebas, pero utilizó todas las artimañas legales para mantenerlos en prisión preventiva sin juez imparcial.

Han recusado sistemáticamente a magistrados para que el caso caiga en manos de operadores de grupos que buscan venganza, no imparcialidad, subrayó.

Mencionó que organizaciones internacionales calificaron esta detención de arbitraria y un claro caso de litigio malicioso.

Los 48 Cantones convocaron a autoridades indígenas, representantes de la sociedad civil, sindicatos, estudiantes y ciudadanía consciente a unirse.

Precisaron como reclamos la libertad inmediata de Pacheco y Chaclán, el nombramiento urgente de un juez imparcial y el fin a la criminalización de la protesta social y la defensa de la democracia.

La movilización se concentrará a las 07:00, hora local, frente al Ministerio Público (MP), una hora después saldrá hasta la Corte Constitucional (CC) y luego llegará a la Plaza Central, frente a la sede del Gobierno.

Diversas organizaciones denunciaron aquí el retraso de las audiencias contra los dos exlíderes indígenas y manifestaron respeto y reconocimiento hacia ellos.

Repudiaron la persecución arbitraria del MP, encabezado por Consuelo Porras, en contra de quienes protestaron pacíficamente por los abusos de poder, la corrupción y la impunidad.

Sobre la acusación por terrorismo, los 48 Cantones plantearon en otro texto a la nueva CC que resuelva una acción que presentaron en razón de ese delito.

Consideraron que es una arbitrariedad que actualmente se utilice ese delito en contra de autoridades indígenas para criminalizar la protesta social y la defensa de los derechos humanos.

Ambos exdirigentes se encuentran en prisión preventiva en el centro carcelario de Mariscal Zavala, en esta urbe, acusados de terrorismo, sedición, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal.

Tanto Pacheco como Chaclán aseguraron en misivas desde la cárcel que “defender la democracia no es un delito” y que se consideran presos políticos del sistema de justicia actual.

El abogado defensor Héctor Castro explicó, en entrevista al estatal Diario de CentroAmérica, que existe un litigio malicioso por parte de actores como la Fundación contra el Terrorismo. En 10 meses el proceso ha estado suspendido, advirtió.

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