La enmienda entró en vigor luego de 30 días de ser ratificada constitucionalmente en la Asamblea Legislativa a solicitud del presidente Nayib Bukele, y publicada el 27 de marzo en el Diario Oficial.

Entre las figuras delictivas reformadas se incluyen los homicidios simple y agravado, feminicidio, violación en sus distintas formas y la pertenencia a organizaciones criminales o terroristas, categoría bajo la cual se tipifica ahora a las pandillas.

De tal manera la cadena perpetua se convierte en la única pena aplicable para quienes sean condenados por esos delitos sean autores o cómplices, incluyendo personas entre 12 y 18 años de edad. Sin embargo, estipula la obligatoriedad de revisión periódica de las condenas.

Aunque el Gobierno defiende la reforma constitucional, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch han criticado ampliamente la medida y coinciden en que contraviene los estándares internacionales, sobretodo con relación a la aplicación de la cadena perpetua a niñas, niños y adolescentes.

La propuesta de reforma constitucional para levantar la prohibición de cadena perpetua por la comisión de ciertos delitos graves fue aprobada en la Asamblea Legislativa con una votación de 59 a favor y uno en contra en medio del contexto de régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

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