Según un comunicado de la Inspección General de Minas (IGM) difundido este martes, el cuerpo de seguridad se desplegará en 22 provincias del país y se financiará con 100 millones de dólares estadounidenses mediante alianzas con Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.
La implementación de esta medida, sobre la cual no se ha anunciado una fecha para su entrada en funcionamiento, está relacionada con el acuerdo de colaboración sobre minerales críticos y seguridad, firmado el 4 de diciembre del pasado año entre Kinshasa y Washington.
El Inspector General de Minas, Rafael Kabengele, sostuvo que el propósito es sanear todo el sector minero de la RDC y eliminar prácticas que socavan la buena gobernanza, la transparencia y la trazabilidad de los minerales; sin embargo, la decisión despierta no pocas alarmas.
La RDC es un país afectado por la violencia de los grupos armados, muchos de los cuales se disputan el control sobre zonas mineras para financiar con la venta de estos recursos sus aspiraciones, por lo que poner un nuevo actor armado sobre el terreno genera desconfianza en ciertos sectores.
En particular preocupa el impacto que esto pueda tener para la paz y las poblaciones civiles.
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