El encuentro tuvo lugar la víspera en un cuartel del Cuerpo de Bomberos en la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro, donde estuvieron equipos del Grupo de Actuación Especializada en Seguridad Pública (Gaesp) y del Ministerio Público del estado (MPRJ).

La Operación Contención dejó un saldo de 122 muertos, entre ellos cinco policías civiles y militares, y es considerada una de las acciones con mayor letalidad registradas en la región.

Según el MPRJ, citado por la Agencia Brasil, desde el inicio de las investigaciones se realiza una búsqueda activa de los parientes de los fallecidos con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la operación, además de garantizar el acceso a información sobre el avance de las pesquisas.

El principal propósito de la reunión fue escuchar a los familiares sobre la dinámica de los hechos, de manera que sus testimonios contribuyan a la reconstrucción de lo ocurrido.

La institución destacó que la instalación de un punto de atención cercano al lugar de la operación responde a criterios de ampliación del acceso a la justicia y mayor efectividad investigativa.

De acuerdo con el Gaesp, la escucha directa de los familiares, realizada también el pasado 24 de marzo, resulta clave para comprender quiénes eran las personas fallecidas y profundizar en el análisis del contexto de la intervención policial.

La asistente del grupo, Laura Minc, explicó que la iniciativa busca aumentar la participación de familiares que no pudieron acudir previamente a las citaciones por dificultades de agenda u otras limitaciones de acceso.

Las autoridades recordaron que, en el marco de la Acción por Incumplimiento de Precepto Fundamental 635, se determinó que el Ministerio Público actúe de forma amplia para esclarecer hechos relacionados con la letalidad policial.

Tras la operación, el MPRJ abrió un Procedimiento Investigativo Criminal autónomo y adoptó medidas como la solicitud de documentos a las secretarías de Policía Militar y Civil, la toma de declaraciones a responsables del operativo y la realización de peritajes en el Instituto Médico Legal.

Hasta el momento, las investigaciones derivaron en la presentación de ocho denuncias contra 27 policías militares por presuntas ilegalidades durante la operación, entre ellas apropiación de armamento, robos, invasión de domicilios, coacción a residentes y tentativa de manipulación de dispositivos de grabación.

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