Mediante un comunicado, el Ejecutivo subrayó que busca con tal medida contener su impacto, proteger la información y reforzar la seguridad de los sistemas afectados, a partir de adoptar medidas técnicas y organizativas.

Las autoridades competentes mantienen un monitoreo permanente y una

coordinación interinstitucional orientada a identificar, contener y mitigar cualquier actividad maliciosa, sin que al momento se registre una afectación directa a los servicios públicos esenciales, describió.

Aseguró que giró instrucciones a todas las entidades públicas para fortalecer sus controles de seguridad, reducir superficies de exposición y reforzar sus capacidades de respuesta ante incidentes.

La identificación de casos –acotó- responde a múltiples procesos que se han activado a fin de aplicar medidas de respuesta, contención y mitigación. Se están implementando acciones estratégicas con acompañamiento internacional, en el marco de alianzas de cooperación con países socios como España, Estados Unidos y Taiwán, detalló.

Estas están orientadas al fortalecimiento sostenido de las capacidades nacionales en materia de ciberseguridad, al consolidar así un enfoque integral de protección de la infraestructura digital del Estado.

Exhortó a informarse únicamente a través de canales oficiales y a evitar la difusión de rumores o contenidos no confirmados, ya que tal situación puede generar incertidumbre innecesaria. Guatemala cuenta con personal especializado y el acompañamiento de aliados internacionales, lo que permite combatir este fenómeno de manera integral, enfatizó.

El país enfrenta una escalada crítica de ciberataques que han puesto en jaque la seguridad digital del sector público y académico. Instituciones clave como la Dirección General de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa, el portal Tú Empleo de la cartera de Trabajo, y la Universidad Rafael Landívar reportaron intrusiones significativas.

Grupos de hackers, según amplia divulgación de los casos en redes sociales (que incluso refirieron además ataques al parecer falsos a la Superintendencia de Administración Tributaria y el Registro Nacional de las Personas), exigieron pagos en criptomonedas para detener las acciones.

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