De acuerdo con una nota del Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo), al explicar el programa, el coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, Miguel Antonio Bernal, precisó que contempla varias fases que se iniciarían con un trabajo permanente de alfabetización ciudadana, el cual ya lleva cerca de 20 meses en marcha.

Posteriormente, se establecerían los requisitos para aspirar a ser constituyente, con miras a garantizar que los representantes provengan directamente de la ciudadanía, según el plan.

En ese sentido, precisó que la elección de estos constituyentes está prevista, de manera preliminar, entre marzo y abril de 2027.

El calendario también plantea que la Asamblea Constituyente sesione durante dos meses, específicamente en mayo y junio del próximo año, periodo en el que el órgano legislativo se encuentra en receso.

Durante ese tiempo, se desarrollaría el debate y la redacción del nuevo texto constitucional.

Una vez aprobado el documento, se iniciaría una fase de divulgación a nivel nacional en sectores educativos, empresariales y sociales, con el objetivo de que la población conozca su contenido antes de someterlo a votación.

El referéndum para aprobar o rechazar la nueva Constitución se proyecta para julio de 2028, respetando así el principio de soberanía popular, enfatizó Bernal.

De acuerdo con el funcionario, el proceso no adoptará modelos extranjeros, sino que se inspirará en la experiencia histórica del país con asambleas constituyentes.

Entre los temas que más interés han generado en las consultas ciudadanas destacan la no reelección inmediata de autoridades, la revocatoria de mandato, la reducción del número de diputados y cambios en el método de elección de magistrados.

Ya en diciembre último, Bernal adelantó ante la prensa que el proceso para redactar una nueva carta magna busca que la cita con las urnas en 2029, (como regla cada 5 de mayo del año de comicios generales) se desarrollen bajo un nuevo marco constitucional.

“Lo que se quiere es que la elección del 2029 se haga bajo las nuevas reglas del juego”, remarcó y además precisó que todos los funcionarios electos, designados o nombrados en ese proceso deberán hacerlo bajo un nuevo ordenamiento.

La nueva Carta Magna modificaría las reglas vigentes e insistió en que la iniciativa no es “una constituyente electorera”, sino un proceso para modernizar el Estado, renovar las instituciones y reconstitucionalizar el país, dejando atrás la visión de que “quien llega al gobierno es dueño del Estado”.

La Constitución Política de la República de Panamá vigente es la de 1972, la cual ha sido reformada en varias ocasiones, siendo la más integral la de 2004 y define al país como un Estado unitario, republicano, democrático y representativo, con separación de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

ft/ga