Según informó el instituto armado, la operación de alto impacto fue realizada este jueves en coordinación con la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), el Ministerio Público (Fiscalía) y las Fuerzas Armadas.
El comisionado presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Ottoniel Gross, explicó que la acción responde a múltiples denuncias ciudadanas sobre llamadas extorsivas, que continúan originándose desde las prisiones pese a la instalación de bloqueadores de señal telefónica.
En declaraciones a la prensa, Gross señaló que las evaluaciones técnicas evidenciaron que estos dispositivos no están funcionando en su totalidad.
Como parte del operativo, las autoridades iniciaron el traslado de privados de libertad considerados de alta peligrosidad hacia celdas de máxima seguridad bajo estrictas condiciones de aislamiento.
Al menos 35 reos fueron identificados como responsables de coordinar estas actividades ilícitas, mediante el uso ilegal de teléfonos móviles dentro de los recintos penitenciarios.
Esta intervención busca desmantelar las estructuras criminales que dirigen extorsiones contra comerciantes, transportistas y ciudadanos, delitos que generan gran preocupación a nivel nacional.
El titular del INP reveló que este proceso es resultado de varias semanas de labores de inteligencia, durante las cuales se logró recopilar evidencia que vincula directamente a los internos con las llamadas extorsivas.
Advirtió sobre la necesidad de revisar el marco legal y técnico relacionado con los bloqueadores de señal, pues su funcionamiento parcial permite que continúen las comunicaciones ilícitas desde las penitenciarías.
Por su parte, el portavoz de la Dipampco, Mario Fú, detalló que los operativos continuarán en los próximos días y que el número de presos a trasladar podría ascender a unos 90, todos señalados por su presunta participación en redes de extorsión.
Las autoridades afirmaron que continuarán las acciones conjuntas para combatir este delito y reducir el impacto de las estructuras criminales que operan desde el sistema penitenciario, con el objetivo de devolver la seguridad a la población hondureña.
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