A través de la comisión preliminar de diputados, el órgano legislativo divulgó los nombres de los 41 ciudadanos postulados por las organizaciones de la sociedad civil y 50 por iniciativa propia.
Todos cumplieron con los requisitos de la ley de conformidad con el artículo 270 de la Constitución nacional, así como en lo establecido en los artículos 64, 65, y 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Indicó el documento que con ello dio inicio el período de impugnaciones que se extenderá hasta 5 de mayo y, una vez vencido este lapso, la comisión preliminar se pronunciará sobre la admisión de las posibles objeciones, la cuales deberán presentarse por escrito y pruebas fehacientes.
El presidente de la comisión preliminar, Giussepe Alessandrello, informó el pasado jueves que la lista con los postulados será publicada en medios de prensa nacionales, las redes sociales y la página web de la Asamblea Nacional
Añadió que el próximo lunes comenzarán las entrevistas presenciales de los aspirantes para evaluar un primer grupo de 30 y al día siguiente lo harán con los restantes.
Para el miércoles, comentó, elaborarán la lista definitiva de los elegibles, la cual presentarán a la plenaria del legislativo, que se encargará de elegir a 10 ciudadanos quienes junto a 11 diputados conformarán el Comité de Postulaciones, que tendrá la misión de seleccionar los cargos para el sistema de justicia.
La semana pasada el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, declaró que, por distintas circunstancias, jubilación, renuncia u ocupar otras responsabilidades, “hay algunas plazas vacantes” entre los magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia.
Al anunciar la creación de la comisión preliminar, Rodríguez puntualizó que esta debe actuar en el marco del “proceso profundo” de reforma judicial que inició la Comisión para la Convivencia y la Paz creada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía.
Rodríguez demandó la “colaboración de todos”, y afirmó que Venezuela debe convertirse en un movimiento por la paz y la justicia, y que esta última “se convierta en la reina de las virtudes republicanas” para que, desde la justicia, se garantice la paz y el futuro del país como una nación independiente, libre y soberana.
Este proceso se enmarca en la propuesta presentada por la gobernante encargada a finales de enero en la apertura del Año Judicial 2026 y presentación de gestión en 2025 del TSJ, donde anunció la decisión de convocar a una gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia.
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