También hizo lo mismo el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, luego de que el miércoles último Estados Unidos los acusara a ambos, junto con otros ocho funcionarios y exfuncionarios, de supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, sin presentar pruebas, según la FGR.

Los anuncios, realizados anoche, tienen lugar en un contexto marcado por las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por Washington.

La Fiscalía concluyó ayer que no existen evidencias para “la urgencia de la detención provisional” pedida por la nación norteña.

“En el pedimento que nos ocupa no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”, refirió el órgano autónomo en un comunicado.

Advirtió que no existen pruebas anexas que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar y añadió que la difusión pública de la información base (por parte de Washington) pone en riesgo el debido proceso.

Por esas razones, señaló que enviará una comunicación a la Cancillería para solicitar a la autoridad requirente las pruebas y documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confidencialidad de la información, para analizarlas y fijar un posicionamiento institucional.

Reiteró que emprendió las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos, ocurridos en territorio nacional, en términos de la legislación mexicana y “de acuerdo con el paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el miércoles el levantamiento de los cargos.

La Cancillería de México informó ese mismo día sobre las solicitudes de Washington, refirió que en los documentos no se anexaban pruebas y remitió la información a la Fiscalía General de la República, acorde con el marco normativo vigente.

El viernes la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó durante su habitual conferencia de prensa que la FGR tiene que hacer el análisis, pues resulta la autoridad competente.

“¿Qué fue lo que se solicitó? ¿Qué pruebas hay? Y si no, solicitar las pruebas necesarias. (…) tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico en efecto la responsabilidad de una u otra persona”, dijo.

Más tarde, reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía y advirtió que ningún gobierno extranjero puede entrar a este territorio latinoamericano.

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