Los datos de la Secretaría de Seguridad Pública, divulgadas por la Agencia Brasil, muestran que en marzo se contabilizaron 30 víctimas de feminicidio en ese territorio, el mayor número reportado para ese mes en la serie histórica.

Tal cifra representa un incremento del 57,9 por ciento respecto a marzo del año anterior, cuando hubo 19 casos.

En el acumulado del primer trimestre, el estado registró 86 mujeres asesinadas en contexto de feminicidio, frente a 61 en el mismo período de 2025, lo que confirma la tendencia de crecimiento de esos crímenes en la región más poblada del país.

Los números también reflejan un aumento significativo en el incumplimiento de medidas protectoras de urgencia en casos de violencia doméstica, pues entre enero y marzo se registraron tres mil 20 violaciones de este tipo de disposiciones judiciales, un incremento del 31,9 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

Asimismo, las agresiones físicas contra mujeres continúan en ascenso, cuando las estadísticas registran 19 mil 249 casos de lesiones corporales dolosas en el trimestre, lo que representa una subida del 7,4 por ciento frente al mismo período de 2025.

El aumento de los indicadores de violencia de género se produce en un contexto de creciente movilización social en Brasil en contra de esos crímenes, y cuando los diferentes poderes del Estado adoptan acciones para hacerles frente.

Durante movilizaciones en São Paulo el 1 de mayo con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, centrales sindicales y movimientos sociales incluyeron entre sus demandas la adopción de medidas efectivas de combate al feminicidio.

En esas movilizaciones, distintos participantes denunciaron la persistencia de desigualdades estructurales y la insuficiencia de las políticas de protección a las mujeres, y destacaron la urgencia de reforzar las acciones estatales frente al incremento de la violencia de género.

Organizaciones presentes también vincularon el debate sobre derechos laborales con el de la violencia contra las mujeres, al señalar que la precarización del trabajo y las condiciones de vulnerabilidad social pueden agravar los riesgos de esos hechos.

ga/mar