En cadena radiotelevisada esta noche, el mandatario expresó que hay decisiones importantes por el bienestar del pueblo y esta es una de ella, al cumplir con lo establecido en la Constitución, en un proceso que ha sido largo y exigente, respetando las distintas etapas.
En su última fase entrevisté personalmente a los seis candidatos finalistas, a quienes escuché atentamente sobre su visión de los desafíos que el MP enfrenta en estos complejos momentos de nuestra historia, explicó el jefe de Estado.
Afirmó que esta decisión la tomó guiado por la convicción que tiene de la necesidad imperiosa de contar con personas íntegras al frente de las instituciones chapinas, animadas por un fuerte compromiso con la reconstrucción de la justicia y el fortalecimiento de la democracia.
En consecuencia, acotó el Gobernante, el fiscal general asumirá el cargo el cercano 17 como lo establece la ley.
El MP, amplió, recibe una nueva autoridad que no llega para servir a un presidente, al Ejecutivo de turno ni a intereses políticos particulares o espurios. Llega para servir a una justicia independiente, objetiva, puesta al servicio de la República y de los pueblos de esta nación, consideró.
Manifestó su confianza en que a partir del 17 el nuevo fiscal general cumpla de manera decidida e inquebrantable con ese compromiso. Este es un momento para aprender de nuestra historia, añadió Arévalo.
La justicia ha sido demasiadas veces una herramienta de revanchas. Es el momento de dejar atrás ese pasado, señaló el político de 67 años.
Al doctor García le deseó claridad, firmeza y serenidad para asumir la responsabilidad que recibe. Que junto al pueblo de Guatemala esa luz ilumine este nuevo tiempo, esta nueva etapa que está comenzando, aseveró el presidente.
Una Guatemala con justicia y prosperidad, una como el pueblo exige y merece, auguró el mandatario.
La actual en el cargo, Consuelo Porras, optó por un tercer mandato, pero quedó sin ser incluida en la nómina a partir de los reclamos de la ciudadanía.
La fiscal general, según analistas y organizaciones sociales, que persiguió y criminalizó a decenas de jueces, fiscales, defensores, activistas y periodistas.
Desde su elección en agosto de 2023, Arévalo la denunció como punta del lanza del llamado Pacto de Corruptos, por fraguar un golpe de Estado para evitar su investidura. El ente investigativo, para muchos, es un bunker de impunidad.
A principios de abril de este año, el jefe de Estado advirtió que su perfil era el menos idóneo, además de que era peligrosa para la nación.
otf/znc
