De acuerdo con una información de la Agencia Brasil a partir de datos del Ministerio Público del territorio, la cifra supera en cinco decesos a la registrada en igual período de 2025, mientras que los casos que involucran a agentes fuera de servicio también aumentaron de 29 a 33.

Especialistas alertan sobre el elevado nivel de muertes por intervención policial, a partir de registros del Grupo de Actuación Especial de Seguridad Pública del organismo, alimentados por reportes oficiales de las policías Civil y Militar.

De acuerdo con el defensor del pueblo de la policía paulista, Mauro Caseri, una seguridad pública eficaz debe reducir la violencia mientras preserva vidas, y advirtió que la falta de políticas de salud mental y mecanismos de control del uso de la fuerza contribuyen al problema.

“Crea una policía del enfrentamiento. Necesitamos una policía que resuelva conflictos, no que los genere”, señaló en entrevista con el medio.

Por su parte, el presidente del Consejo Estatal de Defensa de los Derechos de la Persona Humana, Adilson Santiago, consideró que el estado enfrenta una crisis de seguridad pública.

«Las cifras son impactantes debido al aumento de la letalidad y la violencia policial, y a la creciente incapacidad de una fuerza que debería estar preparada para proteger a la población, pero que en cambio está violando los derechos», advirtió.

Santiago denunció además un “apartheid social” que afecta principalmente a poblaciones negras y periféricas, expuestas de forma desproporcionada a ese tipo de violencia.

Los datos muestran que, tras una reducción entre 2019 y 2022, los decesos provocados por policías militares volvieron a crecer desde 2023, hasta alcanzar 703 muertes en 2025, solo en acciones de oficiales en servicio.

Caseri subrayó que este aumento no puede interpretarse como eficiencia, sino como un problema estructural que exige medidas urgentes, entre ellas mejores condiciones laborales, uso obligatorio de cámaras corporales y revisión de protocolos.

En respuesta, la Secretaría de Seguridad Pública afirmó que todas las muertes son investigadas y destacó inversiones en tecnología, equipos de menor letalidad y la ampliación del uso de cámaras corporales para los agentes.

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