Así lo consignó el integrante de la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea, en el programa Legítima Defensa que emite por Internet el multimedio Caras y Caretas.

Sus declaraciones siguen al reciente episodio en el Consulado uruguayo en Miami, que expidió una fe de vida a un exmilitar requerido en la investigación en torno a las torturas y desaparición del ciudadano Roberto Amorín en una base aérea en tiempos de la dictadura.

“No hay una política”, afirmó Errandonea en referencia a la falta de directivas claras desde el Poder Ejecutivo frente a personas que están formalmente requeridas por la justicia uruguaya.

Recordó que en 2025 la ministra de Defensa Sandra Lazo anunció que serían cortadas las jubilaciones a los exmilitares prófugos de la justicia. “Pasó un año y no han hecho nada”, señaló el activista.

En la reunión con el presidente Yamandú Orsi también se abordaron otros reclamos históricos. Entre ellos, la apertura de archivos militares que, según Familiares, contienen información clave sobre el destino de los desaparecidos.

“El presidente y la ministra son las autoridades máximas de las Fuerzas Armadas”, remarcó Errandonea, para quien la demora en la entrega de esos documentos perpetúa una deuda del Estado con la sociedad.

También se le señaló al mandatario la necesidad de una declaración pública clara que inste a quienes tengan información sobre los desaparecidos a aportarla.

El Senado de la República ya se pronunció por unanimidad, pero el mandatario aún no ha asumido un compromiso para replicar esa postura desde el Ejecutivo, según el activista.

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