La reactivación política y judicial del caso ocurre en medio de nuevas diligencias impulsadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Superintendencia de Bancos, que solicitaron información vinculada a personas investigadas por presuntos hechos de corrupción y lavado de activos.
El director de la UAFE, José Julio Neira, confirmó que uno de los pedidos de información fue dirigido al Banco de Guayaquil, entidad relacionada históricamente con Lasso.
La Superintendencia de Bancos requirió información correspondiente al período comprendido entre enero de 2021 y diciembre de 2024, incluyendo expedientes de clientes, productos financieros, alertas y reportes de operaciones sospechosas.
Aunque las autoridades no revelaron nombres ni precisaron si las nuevas diligencias derivarán en otros procesos judiciales, el caso volvió a instalarse en el centro del debate político ecuatoriano.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por el legislador Ferdinan Álvarez, del oficialismo, anunció nuevas acciones de control sobre el manejo de la extinta Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), dirigida durante el gobierno de Lasso por Hernán Luque.
Luque enfrenta un proceso de extradición desde Argentina y es considerado una figura clave dentro de la trama investigada.
En entrevista con el diario local La hora, el exmandatario consideró que la fiscalización a este caso, tres años después de salir a la luz, es un distractor y lo calificó como un “show político”.
“No tengo obligación de ir y no iré”, afirmó el exgobernante, quien consideró que la reactivación del tema busca distraer a la opinión pública de problemas como la inseguridad y la crisis energética.
El oficialismo sostiene, sin embargo, que aún existen posibles responsabilidades pendientes de esclarecer y no descarta convocar nuevamente a exfuncionarios del anterior gobierno.
El caso Encuentro, también conocido como “El Gran Padrino”, estalló en 2023 tras revelaciones periodísticas sobre presuntas redes de corrupción, tráfico de influencias y contratos irregulares en empresas estatales.
Ese escándalo desencadenó el juicio político contra Lasso, quien posteriormente decretó la denominada “muerte cruzada”, mecanismo constitucional con el que disolvió la Asamblea Nacional y adelantó elecciones generales.
Desde la oposición, la presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, mencionó este jueves que es extraño que saquen en estos momentos a relucir el caso de Lasso en una comisión parlamentaria liderada por el oficialismo.
“Algo suena muy raro ahí, algo está podrido”, dijo Rivadeneira, quien afirmó que la bancada de su partido no será “parte de un sainete” e insistió en que “hay cosas mucho más importantes para el país, para realmente trabajar, para fiscalizar”.
lam/avr
