Según se conoció, funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción iniciaron una tercera inspección ocular en los almacenes de la entidad, para precisar el alcance de las irregularidades.
La diligencia da continuidad a una segunda inspección efectuada el pasado 28 de abril por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la CSS.
Durante esa segunda intervención, de conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial detectaron productos con fechas de vencimiento entre 2022 y 2023 en unos cuatro depósitos de esta capital.
De acuerdo con el Ministerio Público, la pesquisa permitió avanzar en la recopilación de información clave sobre los procesos internos de la institución del Estado, incluidos los manuales y procedimientos contemplados en su Ley Orgánica, que regulan desde la adquisición hasta la distribución de medicamentos e insumos.
Estas acciones se desprenden de hallazgos previos en los mismos depósitos, donde se detectaron productos vencidos valorados en aproximadamente 2.5 millones de dólares.
En abril de este año, la CSS fue junto a otras instituciones del Estado como los Ministerios de Salud y Trabajo, víctimas de ciberataques, lo que puso en alerta a las autoridades.
Ante estos casos, activaron protocolos de seguridad , suspendieron servicios afectados y fortalecieron el equipo de respuesta a incidentes para proteger la información y garantizar la continuidad tecnológica.
En abril de 2025, una ley sobre reformas al funcionamiento de la CSS , única entidad que atiende a jubilados y pensionados, destapó manifestaciones por todo el país de organizaciones sociales, que fueron reprimidas por la fuerza pública.
En las huelgas, sobre todo de constructores y docentes, exigían la derogación de la norma, que estimaban afecta a los trabajadores y sus familiares, privatiza los servicios de la CSS y entrega sus fondos a los bancos, mientras augura pensiones de miseria, lo que consideraron inadmisible.
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