“El régimen de Nasry Asfura tomó el poder mediante una operación fraudulenta, de sabotaje, coacción e intimidación impulsada por los sectores ultraderechistas más violentos y radicales del continente, el fascismo libertario”, denunció la formación progresista en un comunicado.

La agrupación liderada por el expresidente hondureño Manuel Zelaya (2006-2009) recordó que Asfura, del derechista Partido Nacional (PN), asumió la presidencia (el pasado 27 de enero) mediante un fraude electoral, “el más grotesco y descarado de nuestra historia republicana”, enfatizó.

Aludió a las múltiples irregularidades que salpicaron las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, tras lo que calificó de abierta y virulenta injerencia en esos comicios del mandatario “del gobierno imperial de Estados Unidos, Donald Trump”.

Para Libre, que dirigió los destinos de Honduras bajo el liderazgo de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026), la imposición del nuevo régimen del PN contó, además, con financistas, operadores políticos y respaldo extranjero, como el del presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, mencionó.

En esa línea, subrayó que las reuniones privadas e inmediatas sostenidas por Asfura con Trump y Netanyahu evidencian el carácter subordinado y dependiente del “nuevo régimen”, encabezado por el PN en alianza con el también conservador Partido Liberal, el llamado bipartidismo.

El ahora partido opositor acusó a las dos fuerzas tradicionales de concentrar sus esfuerzos -en estos más de tres meses- en el desmontaje sistemático de la institucionalidad democrática, la destrucción de la independencia de poderes y la expulsión política de Libre de los espacios de representación del Estado.

La administración bipartidista no improvisa, solo cumple instrucciones, y su única misión ha sido destruir y borrar cualquier huella de los avances sociales, económicos y democráticos alcanzados durante la gestión de Castro, aseguró la agrupación de izquierda.

Según el comunicado, toda la actividad de los poderes ejecutivo y legislativo ha sido orientada a la construcción de un aparato de persecución política, mediante el uso del “lawfare” (guerra judicial), campañas mediáticas y narrativas falsas contra funcionarios y dirigentes populares vinculados a Libre.

Enmarcó los recientes juicios políticos y ulterior destitución del Fiscal General y de varios magistrados electorales, así como los despidos arbitrarios de miles de miembros de Libre en la administración pública, en la ausencia absoluta de garantías democráticas.

“Existe una prisa evidente por consolidar estructuras judiciales que les garanticen impunidad antes de cualquier cambio en el escenario internacional. El objetivo nunca fue gobernar Honduras; fue capturar las instituciones del Estado”, agregó el texto.

“Honduras enfrenta nuevamente, igual que en el golpe de Estado de 2009, una disyuntiva histórica, entre soberanía o sometimiento; democracia o imposición; dignidad nacional o vasallaje. Ningún pueblo puede sobrevivir indefinidamente gobernado por el fraude, la intimidación, el engaño y la entrega de su soberanía”, concluyó.

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