La prórroga de las compensaciones económicas fue adoptada por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 378, que reforma por tercera ocasión la normativa expedida en septiembre de 2025 para mitigar temporalmente el impacto del incremento del precio del combustible.

La medida beneficia por un mes más a propietarios de unidades de transporte urbano, rural, intraprovincial e interprovincial mediante transferencias mensuales de entre mil y mil 800 dólares.

El mecanismo fue creado después de que el Ejecutivo eliminara el subsidio al diésel y trasladara al sector del transporte el impacto de la volatilidad internacional del petróleo.

Ante el aumento de los costos operativos y el fin de las compensaciones este mes de mayo, gremios transportistas comenzaron a demandar incrementos en las tarifas del pasaje en urbes como Quito.

En Ecuador, sin embargo, los precios del transporte urbano no son fijados por el Gobierno central, sino por los municipios, que tienen la competencia para autorizar o rechazar cualquier ajuste tarifario.

En la capital del país, el pasado lunes los transportistas de cooperativas privadas redujeron las frecuencias y horarios de circulación como medida de presión para que la alcaldía apruebe un alza del pasaje o les ofrezca directamente una compensación.

Tras un diálogo con las autoridades locales, el martes los autobuses volvieron a circular con normalidad y ambas partes decidieron sentarse a discutir el tema tarifario a partir del venidero 13 de mayo.

Sectores políticos y sociales señalaron que la protesta de los transportistas busca trasladar al municipio el costo de una decisión tomada por el Ejecutivo al eliminar el subsidio al diésel.

Críticos del Gobierno sostienen que el Ejecutivo provocó el problema con la supresión del subsidio y luego intentó contener el descontento con compensaciones temporales financiadas con recursos públicos.

Por otro lado, este viernes el Ministerio de Infraestructura y Transporte informó que «la nueva dinámica» en los precios del diésel obliga a una revisión de las estructuras de costos debido al conflicto en Medio Oriente.

La cartera sugirió al sector privado, productivo y empresarial realizar los ajustes necesarios en las condiciones económicas de sus contratos con el transporte pesado.

Según apuntó la entidad, el Estado adquiere actualmente el diésel a un valor promedio de 4,75 dólares por galón, pero, por el sistema de bandas vigente, el producto se comercializa en el mercado interno a menor precio, es decir, todavía existe un subsidio parcial.

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