El exministro ecuatoriano de Producción Julio José Prado señaló en su cuenta de X que el desenlace más favorable sería que ambos gobiernos acaten la decisión del organismo regional y restablezcan el arancel cero para el comercio bilateral en el plazo de 10 días.
Un segundo escenario contempla que alguna de las partes impugne la resolución administrativa de la Secretaría General de la Comunidad Andina, con sede en Lima, lo que prolongaría el diferendo durante varios meses mientras el Tribunal de Justicia del bloque revisa el caso.
Según Prado, la alta probabilidad de que esa instancia ratifique la incompatibilidad de los aranceles con el Acuerdo de Cartagena dejaría a los gobiernos con escaso margen de maniobra.
La tercera posibilidad, considerada por Prado como la más compleja, sería una negativa de Ecuador de cumplir la resolución, lo que podría derivar en sanciones y abrir incluso un debate político sobre la permanencia del país dentro del mecanismo de integración subregional.
El exfuncionario estimó que la disputa comercial ya habría ocasionado pérdidas cercanas a 200 millones de dólares en apenas tres meses y sostuvo que el conflicto pudo evitarse si el Ejecutivo ecuatoriano hubiera atendido las advertencias formuladas por gremios empresariales y expertos.
La controversia comenzó el 21 de enero, cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impuso un arancel del 30 por ciento a productos colombianos con el argumento de que Bogotá no ejercía un control efectivo sobre su frontera y no colaboraba en la lucha contra el narcotráfico.
Posteriormente, la tasa subió al 50 por ciento y desde el 1 de mayo alcanzó el 100 por ciento, mientras Colombia -que expresó su desacuerdo con el alza arancelaria y las acusaciones de no trabajar por la seguridad- respondió con gravámenes diferenciados de hasta 75 por ciento a mercancías ecuatorianas.
El pasado 4 de mayo, el Gobierno de Ecuador anunció que reduciría el arancel al 75 por ciento a partir del 1 de junio.
La Secretaría General de la Comunidad Andina determinó el 7 de mayo que tanto los aranceles como la restricción ecuatoriana de concentrar el ingreso terrestre de mercancías colombianas en el puente internacional de Rumichaca vulneran el Programa de Liberación Comercial establecido en el Acuerdo de Cartagena de 1969.
Ante la resolución de la CAN, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó: «no tengo ningún problema en retirar los aranceles a productos del Ecuador en la misma forma y cronología como se pusieron».
La Cancillería ecuatoriana, por su parte, informó a la prensa que la resolución está siendo analizada de forma coordinada con la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Producción, el Servicio Nacional de Aduanas y otras instituciones competentes.
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