Un análisis del director ejecutivo de la Asociación Agenda Migrante El Salvador, César Ríos, refiere que la discusión en torno a la reforma constitucional que permitirá a la diáspora salvadoreña elegir a sus diputados no se limita al número de escaños asignados, sino a la agenda de quienes resulten electos, reseñó el Diario Colatino.

“Los diputados que tendrá la diáspora abren una pregunta de fondo: ¿qué agenda van a representar? Porque la diáspora no solo aporta remesas; también cuenta con experiencia empresarial, capacidad de inversión, conocimiento tecnológico y una visión más moderna del desarrollo territorial”, significó Ríos.

Muchos migrantes, recordó, provienen de municipios históricamente pobres y excluidos, pero en el exterior aprendieron nuevas formas de producir, invertir y organizarse.

De ahí que si la reforma constitucional no conecta la representación política con el desarrollo local, migración laboral ordenada, inversión productiva y la reintegración económica, existe el riesgo de convertirse en una representación simbólica, alertó Ríos.

El 7 de mayo la Asamblea Legislativa ratificó una reforma constitucional al artículo 79 de la Carta Magna para otorgar representación en el parlamento a los ciudadanos del país residentes en el exterior, una solicitud surgida a iniciativa del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Luego de los debates pertinentes la modificación quedó: “En el territorio de la República y en el extranjero se establecerán las circunscripciones electorales que determinará la ley, la base del sistema electoral es la población y en el extranjero, el Registro Electoral.

Para dar representación a los connacionales quedó definido crear una circunscripción de seis escaños, de los 60 existentes en el parlamento, cinco por San Salvador y uno por la Libertad.

De acuerdo con fuentes oficiales el cálculo se realizó sobre la base de los más de 960 mil salvadoreños inscritos fuera del país, aunque diversas voces advierten que no existió suficiente discusión pública y que la medida podría estar orientada a “reducir la representación de la oposición”.

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