Por Jorge Petinaud Martínez

Corresponsal jefe en Bolivia

“Cumpliremos el mandato de nuestras bases y no regresaremos hasta que la Cámara de Senadores desactive esa norma y el presidente, Rodrigo Paz, promulgue la ley que marque la derogación, afirmó en entrevista concedida a Prensa Latina en la sede de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), donde los marchistas encuentran resguardo del frío del altiplano boliviano.

El secretario ejecutivo de la Central Florida, afiliada a la Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) Regional Vaca Diez, del departamento de Beni, insistió en que ya se logró la primera victoria con la aprobación del proyecto el viernes último en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, ratificó, “falta el pronunciamiento del Senado y la promulgación presidencial, por lo cual con nuestra presencia activa en La Paz defenderemos nuestros derechos sobre el territorio de esta zona de la Amazonía”.

La tensión social prevalece este lunes en Bolivia a la espera de esos pronunciamientos.

Esa acción era parte de las exigencias de sectores campesinos e indígenas de dejar sin efecto la normativa aprobada en las dos cámaras legislativas y promulgada por el presidente, Rodrigo Paz, en tiempo récord.

La 1720 establece la conversión de la pequeña propiedad de tierras productivas en mediana y su posible hipoteca y embargo, por lo cual sus críticos consideran que solo beneficia a la oligarquía del negocio agroindustrial, y advierten que constituye una puerta abierta al latifundio.

El proyecto derogador fue promovido por la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Helen Patiño, quien previamente informó que la Comisión Amazónica y de Tierras aprobó por mayoría la propuesta de abrogación de la Ley 1720.

Indicó Patiño que, pese a observaciones planteadas por dos parlamentarios antes de la votación, el documento fue validado en comisión y remitido posteriormente al pleno, conforme al procedimiento legislativo.

La normativa promulgada el 10 de abril último por el presidente ante los grandes hacendados del agronegocio, autoriza la conversión de pequeñas propiedades tituladas en medianas con la posibilidad de su hipoteca y embargo, lo cual viola la Constitución, según la diputada Claudia Herbas.

Sin embargo, organizaciones campesinas, indígenas y sectores populares criticaron esa normativa al considerar que abre la puerta a procesos de concentración de tierras.

La demanda de abrogación fue incluida incluso en los acuerdos alcanzados el miércoles último entre el Gobierno y una facción de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), repudiada por cientos de marchistas campesinos e indígenas de los departamentos de Beni y Pando.

Tras 30 días de marcha en que recorrieron 100 kilómetros, esos cientos de campesinos e indígenas movilizados permanecen en vigilia en La Paz, y advierten que no se retirarán hasta que no se derogue la 1720.

En el lado contrario, la oligarquía agroindustrial de Santa Cruz advirtió que retirará su apoyo al Gobierno si esa ley es derogada.

La 1720 es también conocida como Ley (Branko) Marinkovic, en referencia al terrateniente y ahora senador del mismo nombre, quien fue su principal impulsor y logró que, en tiempo récord, las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobaran y que el mandatario la promulgara ante los grandes hacendados cruceños.

El 20 de septiembre de 2023, el Tribunal Agroambiental (TA) anuló varias resoluciones que otorgaban 33 mil hectáreas a la familia Marinkovic, por lo cual esos predios pasaron a dominio del Estado.

Tal expediente surgió en 2020, cuando la Fundación Tierra denunció que el Gobierno de Jeanine Añez (2019-2020) había emitido de manera irregular resoluciones de titulación de dos predios a favor de los Marinkovic, lo cual implicaría un uso indebido de influencias tomando en cuenta que entonces el ahora senador era ministro.

Los predios en cuestión eran los denominados Tierras Bajas del Norte, de 21 mil hectáreas, y Laguna Corazón, de 12 mil, ubicados en el departamento de Santa Cruz.

Según informó entonces el TA al anular las resoluciones que beneficiaban a los Marinkovic, el Viceministerio de Tierras presentó dos demandas respecto a esos predios.

Con esas medidas, esas 33 mil hectáreas debían pasar a ser fiscales, o sea, del Estado.

Marinkovic fue dirigente del Comité Cívico Pro Santa Cruz (2007-2009) y ministro de Economía (2019-2020) en el Gobierno de Jeanine Añez.

Todos estos antecedentes matizan el debate sobre tierras que este lunes mantiene en tensión a Bolivia y a cerca de un centenar de marchistas movilizados en la capital política del Estado Plurinacional.

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