La comisión de Constitución del Legislativo aprobó el proyecto a marcha forzada y lo dejó listo para su debate en el pleno, a solo unas semanas de renovarse el Congreso tras las elecciones legislativas del 12 de abril.

El texto, según advirtió la parlamentaria progresista Ruth Luque, especifica los delitos de lesa humanidad pero con el fin declarado por su promotor, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, de impedir lo que este llamó abusos e injusticias contra militares y policías, a los que suele defender aunque sean acusados de crímenes de Estado.

Luque señaló que es plausible tipificar los citados delitos, pero para hacerlos más claros, para lo cual basta reproducir lo que indica el Estatuto de Roma, firmado por el Estado peruano, por lo que está obligado por su propia constitución a cumplir lo que determinen las convenciones internacionales suscritas.

Según la legisladora, el dictamen base del proyecto es parte de “una agenda de impunidad” y no fue sometido como es usual a la comisión de Justicia ni consultado con el Ministerio de Justicia, sino elaborado por los asesores de Rospigliosi, para aligerar el trámite.

Añadió que espera que los jueces dicten sus sentencias en casos de lesa humanidad, con criterio de conciencia, alusión a los magistrados que se niegan a aplicar una ley anterior, de la misma mayoría parlamentaria, que declaraba prescritos los crimenes de lesa humanidad cometidos antes de 2022, cuando entró en vigencia aquí del Estatuto de Roma.

En el debate, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas José Williams, general jubilado y congresista de derecha, señaló que la ley debe tomar en cuenta factores como la exaltación del soldado en operaciones, evocando tácitamente el llamado conflicto llamado interno (1980–2000), tras el cueal fue investigado por presuntos crímenes de Estado registrados cuando era un joven oficial

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) advirtió recientemente que el proyecto en cuestión se presenta como una medida técnica, cuando lo realmente es un nuevo intento de impunidad.

“Introduce criterios que distorsionan estándares internacionales y podrían limitar la persecución de graves violaciones de derechos humanos y desnaturaliza el concepto de lesa humanidad”, aseveró.

Añadió que, además, afecta casos de ese tipo cometidos durante el conflicto armado interno, “debilita las garantías de verdad, justicia y reparación para las víctimas y pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado peruano”.

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