Según aseguró el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, se realizarán diligencias y Argollo será convocado a prestar declaración.

El 7 del mes en curso, el diputado oficialista Manolo Rojas formalizó la denuncia contra Argollo, y tras un breve análisis, el Ministerio Público decidió abrir el expediente, de acuerdo con Tórrez.

La denuncia formulada por Rojas indica que, supuestamente, Argollo habría tramitado y recibido dinero por pensión de invalidez en un tiempo récord.

Agrega el diputado que, en 2021, el ahora líder sindical realizó este trámite y cobró un cheque superior a 141 mil bolivianos (14 mil 100 dólares).

“Ahí notamos que hay obreros de primera y hay obreros de segunda. Porque él ha logrado un trámite que muchos obreros tardan tres años, dos años, meses en lograrse hacer calificar”, criticó el legislador afín al Ejecutivo de Rodrigo Paz.

Por su parte, Tórrez ratificó que ya existe “un inicio de investigación dentro de la presente causa. En las próximas horas, seguro ya la autoridad fiscal hará los requerimientos correspondientes para convocar a declarar a este ciudadano a efecto de poder llegar a la verdad histórica del hecho”.

De su lado, el ministro de Trabajo, Édgar Morales, comentó que Argollo percibe alrededor de 27 mil bolivianos (dos mil 700 dólares) mensuales y lo desafió a mostrar sus papeletas para transparentar sus ingresos.

Tras un cabildo encabezado por Argollo el 1 de mayo en la ciudad de El Alto, Bolivia permanece ambientada de inestabilidad por un paro indefinido con movilizaciones hasta que el Gobierno atienda las demandas populares, según la COB.

“El pueblo ha pedido de manera inmediata la atención a las resoluciones de este cabildo, pero a la par, como tenemos muchos sectores movilizados, hemos decidido el paro general indefinido movilizado”, aseguró el líder de la COB.

Señaló que la determinación es un acto de solidaridad con los sectores movilizados, como los indígenas que marcharon desde Pando y Beni hacia La Paz durante 30 días en contra de la Ley 1720, que establece la conversión de pequeña propiedad de tierras productivas a mediana y la posibilidad de su hipoteca y embargo.

Argollo también recordó que los precios de la canasta familiar no se reducen y que, pese al levantamiento de la subvención, el combustible que se comercializa es de mala calidad y sigue dañando los motores.

La COB también exige la destitución del ministro de Trabajo.

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