A juicio del mandatario, el recurso aurífero desplazó a la cocaína como una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales y señaló que el conflicto armado actual está ligado principalmente a esas formas ilegales.
“El conflicto armado de Colombia ahora se basa no en la política o la diferencia ideológica como antaño, sino en las economías ilícitas que fundamentalmente son cocaína y oro”, aseguró el jefe de Estado.
Ante ese escenario, remarcó la necesidad de impulsar una reforma minera que permita al Banco de la República ser el único comprador del oro proveniente de la pequeña minería, lo cual también debilitaría las finanzas de las organizaciones criminales que controlan el comercio ilegal del metal.
Según explicó, la propuesta también busca convertir el oro adquirido por el Estado en un activo soberano que sirva de respaldo para el ahorro pensional de los colombianos.
Remarcó que la medida resultaría de mucha relevancia para regiones como Antioquia, donde las economías ilegales asociadas al oro tienen una fuerte presencia, en tanto se revertirían las graves afectaciones ambientales registradas en el Bajo Cauca y Chocó, donde los ríos y ecosistemas están severamente perjudicados.
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería, la extracción ilícita de oro es uno de los principales flagelos que tiene el país.
Por cada onza que se extrae de manera ilegal, a precios de tres mil dólares por onza, se dejan de realizar aportes en impuestos y regalías por cerca de 2,5 millones de pesos por onza producida, unos 660 dólares al cambio actual, reveló en un informe la entidad.
A cuatro mil dólares por onza los aportes ascienden a cinco millones de pesos por onza (mil 322 dólares).
Ese gremio estimó que para acabar con el flagelo lo primero es dejar a un lado los procesos de prohibición minera y, en su lugar, fomentar una minería formal y supervisada.
Lo segundo, ahondó, es estimular la formalidad, y sumar un despliegue de la fuerza pública para controlar la presencia de grupos al margen de la ley en torno a operaciones auríferas, ya que son estos los que se lucran de la ilegalidad del oro y quienes fomentan los procesos de producción y comercialización por fuera de los canales institucionales.
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