La más reciente aprobación de partidas por 26,5 millones de dólares para respaldar su nómina y medidas de ciberseguridad, motivó cuestionamientos internos, como los de la diputada por libre postulación Janine Prado, aunque el resto de los integrantes de la coalición Vamos

brindaron un espaldarazo a la Presidencia de el Legislativo.

La discusión de esa decisión terminó convertida en un intenso choque político entre diputados oficialistas, independientes y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), debido a críticas por el verdadero tamaño del presupuesto, la permanencia de funcionarios y el manejo interno de los recursos públicos.

Durante varias horas, la Comisión de Presupuesto se convirtió en escenario de una confrontación marcada por acusaciones de opacidad, críticas a la administración legislativa y defensas encendidas sobre la estabilidad laboral de más de tres mil funcionarios permanentes.

El propio presidente de la Asamblea, el panameñista Jorge Herrera, defendió la solicitud alegando que los recursos eran necesarios para evitar una crisis operativa y financiera del primer órgano del Estado.

Según explicó, los fondos se distribuirían principalmente en tres áreas: 20.1 millones de dólares para cubrir salarios de tres mil 221 funcionarios permanentes hasta diciembre; 5.7 millones para inversión tecnológica, debido al deterioro crítico de servidores, redes y sistemas de ciberseguridad; y cerca de 700 mil para servicios básicos como electricidad, agua, aseo y telecomunicaciones.

Pero el debate subió de tono cuando Prado cuestionó directamente las cifras presentadas por la Asamblea y aseguró que existían inconsistencias en el manejo presupuestario.

En ese sentido, rechazó que se utilizara el argumento del posible impago salarial como mecanismo de presión política para aprobar el traslado.

La legisladora insistió en que existían movimientos presupuestarios que no habían sido explicados con claridad y criticó que, pese a sus solicitudes, no recibiera de inmediato la documentación detallada.

También alertó que dentro del traslado existían partidas sensibles como combustible, pagos pendientes a la Caja de Seguro Social y otros compromisos que, según ella, podrían requerir nuevas solicitudes en el futuro.

Para diputados de toldas tradicionales como Rafael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), algunos sectores esperan convertir el debate presupuestario en un ataque político contra la Asamblea.

Analistas como el sociólogo José Lasso, sostienen que la Asamblea tiene un papel clave en el contexto actual de descontento social.

A su juicio, en lo interno, el parlamento no ha cambiado nada respecto a legislaturas anteriores, con la excepción de algunas diputadas que han dado la cara y denunciado proyectos que afectan a la población.

En ese sentido, señaló, cierra este capítulo con una deuda pendiente con la ciudadanía. Ni los discursos ni las promesas han logrado traducirse en reformas profundas.

El próximo periodo arrancará el 1 de julio, pero la verdadera prueba será, acotó, si la Asamblea decide responder a las demandas de cambio o mantenerse en el mismo ciclo de opacidad, privilegios y simulación.

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