Mediante un comunicado, la entidad pidió a la autoridad entrante encauzar el trabajo del ente investigativo haciía la lucha efectiva contra la impunidad y las estructuras criminales; y no, como ocurrió en los últimos años, que sea un instrumento de acoso.

Recordó que decenas de personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia fueron criminalizadas (en los ocho años de mandato de la criticada Consuelo Porras), procesadas, encarceladas o forzadas al exilio.

Ello, enfatizó, como resultado de la persecución penal impulsada desde 2018 por la actual en el cargo, en procesos que carecen de fundamento legal y de mínimas garantías del debido proceso.

Las organizaciones firmantes llamaron especialmente la atención sobre los líderes de los 48 cantones del departamento de Totonicapán (Luis Pacheco y Héctor Chaclán), en prisión por ejercer su derecho legítimo a manifestarse pacíficamente en defensa de los resultados electorales de 2023.

Ambos, señalaron, llevan más de un año detenidos, en un proceso irregular con meses sin un juez y sin una audiencia que les permita defenderse.

A ellos sumaron el caso de Esteban Toe, enjuiciado en julio de 2025 y actualmente con medidas sustitutivas de prisión, y Basilio Bernardo Puac, llevado ante los tribunales en enero de 2026 y también con medidas sustitutivas.

Los cargos de terrorismo presentados contra estos líderes indígenas constituyen, además de racismo, una de las amenazas más graves para la democracia chapina y para los derechos de los pueblos indígenas del país, consideraron.

Si prosperan, advirtieron, la protesta pacífica en defensa de unas elecciones democráticas podría redefinirse como un acto de terrorismo, y las autoridades y organizaciones ancestrales que participaron en esas movilizaciones podrían ser tratados como tales.

Eso no es justicia, sino criminalización de la democracia, aseveraron, mientras instaron urgente al Fiscal General entrante para que cese la persecución arbitraria contra los líderes de los 48 Cantones.

Además, utilice los mecanismos legales disponibles para solicitar la desestimación de los cargos; y para que se garantice de manera inmediata el derecho de Pacheco y Chaclán a acceder a medidas sustitutivas de prisión en tanto dure el proceso.

Guatemala merece justicia y la justicia no puede seguir esperando, enfatizaron en el texto.

En medio de cierta incertidumbre, que pervive aún con un amparo remitido por la Corte Constitucional a un juzgado, García y Porras iniciaron la víspera con un encuentro en el MP el proceso de traspaso del poder.

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