La estructura técnica de esa norma fue construida para poder cumplir con las recomendaciones internacionales, a fin de que caigamos en una lista gris, explicó en declaraciones a Emisoras Unidas la exjefa de la Intendencia de Verificación Especial de Bancos, Susan Rojas.

Al no contar con ella, el país podría tener muchas menos posibilidades de inversión, subrayó la analista, quien llamó a que los diputados sean consistentes en cuanto a validarla, “para que haya un tiempo razonable para poder aplicarla, antes de que nos visiten” (en enero de 2027).

El espíritu de la ley comienza por la prevención; por que seamos capaces de identificar el riesgo de que puedan utilizarnos para lavar dinero y que podamos tomar medidas para prevenirlo, enfatizó.

La no aprobación de esta normativa tendría efectos directos en el costo del financiamiento, la inversión extranjera y la generación de empleo, remarcó, por otra parte, el expresidente del Banco de Guatemala Sergio Recinos.

“Definitivamente podría tener impacto en las inversiones extranjeras hacia el país, encarecer el crédito proveniente del exterior y debilitar la confianza internacional”, aseveró, citado por el diario local La Hora.

Recalcó que el Legislativo debe alcanzar un consenso razonable, cuidando que las enmiendas (14 presentadas en la última sesión) no debiliten los puntos medulares.

En la misma línea, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana exhortó, a través de un comunicado, a continuar con el proceso y avanzar hacia la aprobación por artículos y redacción final.

Un editorial del periódico Prensa Libre del 17 de febrero último señaló que el retraso de la Ley Antilavado beneficia a las mafias.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó a fines de julio de 2025 al Parlamento esa iniciativa, en lo que llamó un golpe clave al corazón del narcotráfico y del crimen organizado.

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