La polémica comenzó esta semana tras la divulgación de audios y mensajes en los que el senador Flávio Bolsonaro aparece solicitando recursos al empresario Daniel Vorcaro, propietario del liquidado Banco Master, para mantener la producción de la película.
En uno de los mensajes divulgados por Intercept Brasil, el hijo mayor del exmandatario y precandidato presidencial afirma que el proyecto atravesaba un momento decisivo y que existía preocupación por retrasos en pagos vinculados al largometraje.
Posteriormente el medio publicó documentos contractuales según los cuales el exdiputado federal Eduardo Bolsonaro ejercía funciones de productor ejecutivo de Dark Horse, con atribuciones relacionadas con el control presupuestario y la gestión financiera del proyecto audiovisual.
Según el portal, un contrato firmado digitalmente por Eduardo Bolsonaro en enero de 2024 lo colocaba, junto al diputado Mário Frias, al frente de la producción ejecutiva de la cinta, originalmente titulada O Capitão do Povo.
El documento le atribuía responsabilidades sobre estrategias de financiamiento, preparación de documentación para inversionistas y búsqueda de patrocinadores.
Los reportes sobre los vínculos entre los Bolsonaro y Vorcaro resultan políticamente sensibles porque el exbanquero y su entorno familiar aparecen en el centro de la Operación Cumplimiento Cero, una investigación de la Policía Federal (PF) sobre presuntos delitos financieros, corrupción, lavado de dinero, amenazas e invasión de sistemas informáticos vinculados al escándalo del Banco Master.
A las revelaciones se suma este sábado una investigación de la columnista Mônica Bergamo, del diario Folha de S. Paulo, según la cual un fondo ligado al abogado Paulo Calixto, cercano a Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos, compró una residencia en Arlington, Texas, estado donde vive el exdiputado brasileño.
De acuerdo con Folha, Calixto administra el Havengate Development Fund, entidad que recibió parte de los 61 millones de reales (unos 10 millones de dólares) transferidos por Vorcaro en 2025 para el supuesto financiamiento de Dark Horse.
La PF investiga si parte de esos recursos terminó siendo utilizada para costear la permanencia de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos y si la estructura financiera montada en Texas sirvió para evadir bloqueos judiciales impuestos por el Supremo Tribunal Federal (STF), apuntó el reportaje.
Esa investigación periodística también menciona la participación de André Porciuncula, excolaborador del Gobierno Bolsonaro y aliado cercano de Eduardo Bolsonaro, en el fondo Mercury Legacy Trust, responsable por la adquisición del inmueble en Texas.
Mediante publicaciones en redes sociales, Eduardo Bolsonaro calificó de “burda” la sospecha de la PF porque, según él, estaría impedido de recibir recursos de fondos de inversión debido a su estatus migratorio en Estados Unidos, donde reside desde 2025 tras alegar persecución política y ser investigado por el STF por acciones contra autoridades e instituciones brasileñas.
El exdiputado defendió además a Paulo Calixto, presentado por él como un especialista en gestión patrimonial y migración con décadas de experiencia, y manifestó que el proyecto cinematográfico se desarrolló fuera del gigante sudamericano porque “ningún inversor apoyaría en Brasil una película sobre Jair Bolsonaro” por temor a persecuciones políticas.
A raíz de los reportes sobre este tema, dentro del propio entorno bolsonarista aparecieron señales de incomodidad. El diputado Alberto Fraga, vicejefe de la bancada del Partido Liberal en la Cámara de Diputados, reconoció que Flávio Bolsonaro “cometió un error” al no revelar previamente su relación con Vorcaro, aunque intentó minimizar el impacto político del caso.
Más duro fue el exgobernador de Minas Gerais y también precandidato a la presidencia, Romeu Zema, quien calificó las revelaciones de “imperdonables” y afirmó en redes sociales que el episodio representa una bofetada en el rostro de los brasileños decentes.
El caso también alimentó pedidos de investigación por parte de sectores jurídicos y parlamentarios.
Pedro Uczai, líder del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados, presentó una solicitud ante el Consejo para el Control de las Actividades Financieras contra Flávio Bolsonaro, al afirmar que el dinero transferido por Vorcaro tenía como objetivo apoyar a Eduardo Bolsonaro y a su familia en Estados Unidos.
Asimismo, la cadena CNN Brasil informó que el grupo Prerrogativas, un colectivo de juristas, abogados y académicos, solicitó actuaciones de la Procuraduría General de la República y de la PF para esclarecer el flujo de recursos destinados a la película y las posibles conexiones financieras entre los Bolsonaro y Vorcaro.
En paralelo, analistas políticos consultados por medios brasileños consideran que el escándalo amenaza la estrategia de la derecha de proyectar a Flávio Bolsonaro como principal heredero político del exmandatario.
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