En particular, detener la persecución penal contra José Rubén Zamora, asociado, otros miembros del gremio, así como aquellos en el exilio, subrayó la organización mediante un comunicado.

Afirmó que recibió la designación del también jefe del Ministerio Público (MP) con altas expectativas de que su gestión marque un cambio real, profundo y verificable en favor de la justicia y, especialmente, de la libertad de prensa y de expresión en el país.

“Este nombramiento se produce en un contexto marcado por graves retrocesos institucionales”, describió.

Dijo tomar nota de las declaraciones del nuevo Fiscal General, en las que expuso que el MP no debe ser utilizado como un instrumento al servicio de intereses particulares ni como un mecanismo de persecución selectiva.

En ese sentido, la APG reclamó que estas palabras se traduzcan en acciones concretas, inmediatas y sostenidas.

En consecuencia, solicitó reorientar la acción del MP hacia la investigación y persecución efectiva de estructuras de corrupción y crimen organizado que han socavado las instituciones democráticas.

Llamó a garantizar la independencia, objetividad y legalidad en todas las actuaciones de la Fiscalía General, evitando cualquier forma de instrumentalización política.»

Instó además a establecer mecanismos de diálogo transparente y permanente con la sociedad civil y los gremios profesionales, con el fin de reconstruir la confianza ciudadana.

La APG pidió a García la conformación urgente de una mesa de diálogo que permita exponer de manera directa esta realidad y construir soluciones conjuntas, efectivas y verificables.

Asimismo, reiteró que se mantendrá vigilante, firme y activa en la defensa de la libertad de prensa, la democracia y los derechos humanos, en tanto advirtió que dará un seguimiento cercano y permanente al cumplimiento de estas demandas.

Este domingo, como establece la Constitución, asumió el nuevo titular del MP en sustitución de la criticada Consuelo Porras (desde 2018 en el cargo) y quien dejó para muchos un precedente preocupante de debilitamiento del Estado de Derecho.

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