“Con la firma de la nueva Ley 82-2026 por la mandataria, el gobierno impone requisitos económicos prohibitivos para que ciudadanos, organizaciones comunitarias y grupos ambientales puedan acudir a los tribunales o a procesos administrativos a cuestionar proyectos de construcción y desarrollos que amenacen ecosistemas sensibles y comunidades vulnerables”, afirma la organización.

Entre las disposiciones “más alarmantes” se encuentra la imposición obligatoria de una fianza equivalente al 10 por ciento del valor del proyecto impugnado, requisito que convierte el acceso a la justicia ambiental en un privilegio exclusivo de quienes poseen grandes recursos económicos.

La Dirección Nacional del MINH explicó que la legislación pretende silenciar la oposición comunitaria y despejar el camino para megaproyectos destructivos impulsados por intereses corporativos y especulativos.

“Diversas organizaciones ambientales y comunitarias han denunciado que la medida representa un atentado directo a (procedimientos) democráticos, a nuestros derechos y a la protección de los sistemas naturales y la ciudadanía, tal como indicó la Coalición Defiende a Cabo Rojo”, dijo la agrupación política independentista.

Igualmente, sectores ambientales han advertido que la Ley 82-2026 criminaliza y desalienta la participación ciudadana al exigir que las personas demuestren un “daño inminente” y desembolsen cantidades multimillonarias para poder reclamar justicia.

“En el caso de proyectos como Esencia en Cabo Rojo (suroeste), opositores han señalado que una comunidad tendría que prestar cientos de millones de dólares en fianza para poder detener un desarrollo cuestionado por su impacto ambiental y social.

Para el MINH, esta ley responde a un modelo colonial y neoliberal que privilegia el lucro privado sobre la protección ambiental y los derechos colectivos del pueblo puertorriqueño.

“La medida vulnera principios elementales de acceso a la justicia, participación democrática y protección de los recursos naturales consagrados en nuestra Constitución”, sostuvo la agrupación política.

Al mismo tiempo se solidarizó con las comunidades que hoy resisten el desplazamiento, la destrucción ambiental y la privatización acelerada de esta nación caribeña, bajo el dominio colonial de Estados Unidos desde 1898.

Puerto Rico no puede convertirse, reiteró el MINH, en un paraíso para desarrolladores multimillonarios mientras se le niega al pueblo el derecho básico a defender sus playas, bosques, acuíferos y patrimonio natural.

El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano reafirmó su compromiso con la lucha ambiental, comunitaria y anticolonial, al tiempo que hace un llamamiento al pueblo puertorriqueño a organizarse y movilizarse contra esta peligrosa legislación que busca amordazar la resistencia comunitaria y facilitar el saqueo de nuestros recursos naturales.

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