En un pronunciamiento, el equipo jurídico señaló que el burgomaestre permanece privado de libertad en el mencionado centro penitenciario, en la provincia costera de Santa Elena, pese a que prosigue el proceso investigativo del denominado caso Goleada, por el cual es acusado de lavado de activos.

Los abogados afirmaron que el Estado ecuatoriano es responsable de su vida, salud e integridad y acompañaron su denuncia pública con imágenes donde se observa el cambio físico de Álvarez, quien presenta una drástica pérdida de peso.

Ante esa situación exigieron acceso a atención médica adecuada y condiciones dignas de reclusión.

También expresaron preocupación por denuncias sobre un presunto brote de tuberculosis en esa prisión, aunque el Ejecutivo lo niega, y cuestionaron las restricciones para mantener contacto con su defendido.

“El Estado no puede convertir la prisión preventiva en una condena anticipada ni permitir el deterioro físico progresivo de una persona que aún no cuenta con sentencia ejecutoriada”, señaló la defensa.

La abogada Mónica Luzárraga calificó la situación como un “trato cruel, inhumano y degradante” y sostuvo que los centros de privación de libertad se han convertido en Ecuador en “centros de aniquilación de seres humanos”.

Por su parte, el asambleísta Raúl Chávez, del movimiento político RETO, el mismo de Álvarez, precisó que su colega de partido permanece detenido sin sentencia y responsabilizó al Gobierno por cualquier afectación a su salud.

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, consideró que en este caso “se repite la historia” del exvicepresidente Jorge Glas, detenido en esa misma prisión y considerado un preso político.

“La denominada cárcel del Encuentro es más un centro de tortura para los adversarios políticos, que un centro de privación de libertad (…). La justicia no puede convertirse en castigo anticipado ni en espectáculo político”, aseveró Pabón, que pidió un trato digno.

La presidenta del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Gabriela Rivadeneira, se refirió a la situación del alcalde guayaquileño en su cuenta de X y escribió: “En Ecuador tenemos un gobierno criminal”.

El abogado y analista político Mauro Andino también consideró el encarcelamiento del funcionario como un acto de “venganza y tortura” sin que pese sobre él una sentencia en firme.

Álvarez es considerado uno de los principales opositores del presidente Daniel Noboa y enfrenta varias investigaciones judiciales.

La Fiscalía General del Estado lo investiga a él, a sus hermanos y a otras personas por presunto lavado de activos relacionado con la comercialización de combustibles, en una causa donde estima un perjuicio al Estado de unos 100 millones de dólares.

Además del denominado caso Goleada, Álvarez afronta el caso Triple A, también relacionado con la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos y tiene otra causa por la supuesta manipulación del grillete electrónico que le fue impuesto.

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