La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, encabezó este lunes la apertura del Espacio Informativo y Cultural del Museo Nacional del Ecuador, ubicado en el terreno donde se construirá la obra, en el norte de Quito.
La iniciativa, presentada en el Día Internacional de los Museos, permanecerá abierta hasta diciembre de 2026 y permitirá a los visitantes conocer mediante recursos interactivos y contenidos educativos los detalles del proyecto, considerado por el Gobierno como su principal obra cultural.
Según el Ejecutivo, el futuro museo busca fortalecer la identidad, la memoria histórica y el encuentro entre generaciones, además de convertirse en un referente museístico y arquitectónico para la región.
Sin embargo, la conmemoración de la fecha estuvo marcada también por la preocupación de gestores culturales ante la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), una ley aprobada en febrero de 2026.
La normativa obliga a municipios y prefecturas a destinar el 70 por ciento de sus ingresos a obra física y deja solo un 30 por ciento para gasto corriente, rubro en el que ahora se clasifica la cultura.
Según los activistas, la medida afecta de forma directa a los espacios administrados por los gobiernos locales, como por ejemplo la Fundación Museos de la Ciudad, entidad perteneciente a la alcaldía de Quito.
La directora ejecutiva de la Fundación, Ivette Celi, dijo a Radio Pichincha que, aunque las operaciones en las instituciones que ellos operan están aseguradas durante 2026, el próximo año los museos podrían quedar sin personal especializado para atender al público y preservar sus colecciones.
La Fundación Museos de la Ciudad y la Fundación Teatro Nacional Sucre presentaron una demanda ante la Corte Constitucional del Ecuador contra la reforma al Cootad, porque consideran que vulnera la autonomía de los gobiernos locales y los derechos culturales de la ciudadanía.
La semana pasada artistas y colectivos culturales protagonizaron un plantón en las afueras de la Corte para exigir la derogatoria de la norma, impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa, y advirtieron que la nueva regla prioriza la construcción de infraestructura sobre la sostenibilidad de los proyectos culturales.
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