En conferencia de prensa, integrantes de la delegación a la Cumbre Internacional Abya Yala manifestaron profunda preocupación frente al contexto político, social, ambiental y territorial que enfrenta el país.
Reafirmaron que el agua, la tierra, los bosques y todos los elementos de la red de la vida no son mercancías, sino “fuentes sagradas de existencia y parte fundamental de la espiritualidad y la continuidad de nuestros pueblos originarios”.
Expusieron que actualmente las empresas extractivas y sectores económicos continúan impulsando proyectos que contaminan los ríos, destruyen los nacimientos de agua y amenazan los territorios indígenas y campesinos.
Estas acciones se realizan muchas veces sin consulta a las comunidades y con el respaldo de estructuras que criminalizan a quienes defienden la vida y el territorio, describieron.
Advirtieron sobre iniciativas y propuestas legislativas relacionadas con el agua que, lejos de garantizar su protección y acceso, abren el camino a la privatización y al despojo de los bienes naturales.
Reiteraron la necesidad de fortalecer la libre determinación de los pueblos, el reconocimiento de las autoridades indígenas y la participación política plena de las mujeres en todos los espacios de toma de decisión.
Frente a la crisis climática global y el desplazamiento forzado que afecta principalmente a los pueblos originarios, exigieron decisiones públicas que garanticen justicia climática, soberanía alimentaria, agroecología, educación intercultural y protección efectiva de los territorios.
Además, respeto y protección integral para las defensoras y defensores del agua, la tierra y los derechos colectivos.
Demandaron el cese de la criminalización contra comunidades y autoridades indígenas, así como la libertad para Angelina Coy, Olivia Muc y Rosa Ich, del municipio El Estor, oriental departamento de Izabal.
Incluyeron asimismo hermanos dirigentes del departamento de Totonicapán (48 Cantones) Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Esteban Toe de la Alcaldía Indígena de Sololá por su rol en la defensa del marco jurídico guatemalteco.
Convocaron a fortalecer la articulación entre pueblos, organizaciones y juventudes para continuar construyendo propuestas colectivas desde la memoria histórica y la espiritualidad de los pueblos originarios.
Frente a un contexto político local de cambios de dirección en las estructuras jurídicas del país y la toma de posesión del nuevo fiscal general del Ministerio Público, expresaron esperanza de que se redireccione la funcionalidad del ente investigativo.
edu/znc
