Del total de aprehendidos, mil 910 fueron arrestados por incumplir la restricción de movilidad nocturna y mil 512 por otros delitos, entre ellos tráfico de drogas, porte de armas de fuego y extorsión.
De acuerdo con el reporte oficial, 717 de los detenidos estarían vinculados a estructuras criminales.
Entre el 3 y el 18 de mayo, días en que estuvo vigente la medida, las fuerzas de seguridad realizaron 56 operaciones contra estructuras criminales y 378 allanamientos.
En los procedimientos fue abatido un presunto delincuente, se decomisaron 405 armas de fuego y se incautaron 5,9 toneladas de droga.
Además, las autoridades confiscaron 49 mil galones de combustible presuntamente destinados a economías ilegales que financian a organizaciones delictivas.
El toque de queda rigió en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Santa Elena, Pichincha, Sucumbíos y Esmeraldas.
También se aplicó en los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.
El presidente Daniel Noboa decretó esta restricción en el marco del estado de excepción vigente en varias zonas del país para enfrentar a las bandas criminales.
El sociólogo y especialista en seguridad Hugo Acero consideró que el estado de excepción ofrece resultados temporales, pero no puede mantenerse indefinidamente.
Según comentó en entrevista con la emisora Radio Pichincha, la reducción sostenida de la violencia requiere fortalecer la inteligencia y las instituciones para identificar no solo a los líderes de las bandas, sino también a las redes económicas que las sostienen.
Ecuador se encuentra desde 2024 bajo la declaratoria de “conflicto armado interno”, con la que el Ejecutivo calificó a los grupos delictivos como organizaciones terroristas.
Pese a esta estrategia, 2025 cerró con más de nueve homicidios, la cifra más alta registrada en el país, según datos del Ministerio del Interior.
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