Durante su habitual encuentro con medios de comunicación, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que entre esos individuos hay casos gravísimos, como acusados de delincuencia organizada, corrupción o sujetos vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

“Es decir, qué pide siempre México: reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno, si son casos relevantes, si hay reciprocidad?”, se preguntó la jefa del Ejecutivo.

Los comentarios de Sheinbaum ocurren luego de recientes solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos debido a supuestos vínculos con la delincuencia organizada.

Tras las imputaciones divulgadas a finales de abril, la Fiscalía General de la República concluyó que no existen evidencias para “la urgencia de la detención provisional” de los ciudadanos y pidió pruebas a la nación vecina.

El canciller Roberto Velasco precisó este lunes que, de los 269 casos planteados al país norteño, 36 ya fueron negados y 233 permanecen pendientes de concluir, de los cuales 183 corresponden a peticiones formales de extradición y 50, a solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

“Tres ya han sido negadas, pero en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el Gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional. Es decir, es una práctica común entre los dos países que se requieran elementos adicionales”, dijo el titular.

Agregó que no se trata de algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del tratado en la materia, como han sugerido algunos medios locales.

Cuando México recibe una solicitud de detención provisional, detalló, se activa un proceso de evaluación que contempla un análisis diplomático por la Cancillería, después se remite a la Fiscalía General de la República y posteriormente un juez de distrito realiza otra verificación.

Esta última autoridad valora la legalidad, fundamentación y proporcionalidad de la medida cautelar solicitada, por lo que petición extranjera insuficientemente clara o sustentada carecería del fundamento necesario para superar este escrutinio.

“Nuestra postura es legal, convencional, recíproca y previsible, porque es la forma en que hemos actuado ambos gobiernos y es garante del debido proceso. Estamos comprometidos con la cooperación internacional en materia de justicia, con apego al derecho, con respeto a la soberanía”, subrayó.

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