Campales resultaron los choques entre sectores populares movilizados contra el Gobierno y fuerzas policiales reforzadas por militares que utilizaron armamento antimotines, y este martes se espera que se repitan nuevas confrontaciones.
La víspera arribaron a La Paz los movilizados afines al expresidente Evo Morales, quienes recorrieron más de 170 kilómetros desde el departamento de Oruro hasta la urbe paceña en la denominada Marcha por la Vida.
Abya Yala televisión reportó cómo desde diversas calles del centro paceño los manifestantes intentaron romper la defensa circular establecida en tres anillos de seguridad por cientos de efectivos con barreras metálicas, para llegar al epicentro político del país, la Plaza Murillo.
Efectivos de la Unidad Táctica Operativa de la Policía (UTOP), en tanto, intentaron dispersarlos con disparos de granadas de gases lacrimógenos.
Como parte de la continuidad de las protestas iniciadas hace ya tres semanas, la situación se agudizó este lunes con la llegada también a La Paz de miles de marchistas procedentes de El Alto, en una columna integrada por mineros, campesinos Ponchos Rojos, gremiales, maestros e integrantes de juntas vecinales, todos agrupados bajo la consigna de “que renuncie”.
Durante los enfrentamientos se observó a personas que utilizaron cartuchos de dinamita, petardos, palos y piedras contra los uniformados, quienes mediante la gasificación trataban de frenar el empuje de los manifestantes.
En ese contexto, resultaron detenidos hombres y mujeres, quienes fueron trasladados a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen con fines investigativos, y fuentes policiales, en declaraciones a la prensa, estimaron su número en cerca de 105.
Desde el Gobierno, se anunció que los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
La televisión también mostró cómo algunos participantes en la protesta agredieron a ciudadanos y ciudadanas de la población civil y causaron daño a infraestructuras estatales, así como integrantes de una contramarcha en favor del Gobierno apedrearon en el Prado paceño la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros.
Dentro de este contexto, el líder de la denominada Marcha por la Vida protagonizada por sectores afines a Evo Morales, Feliciano Vagamontes, denunció ante la prensa que existe un plan de recrudecer la represión contra los movilizados.
Al respecto, describió que el ministro de Defensa, Raúl Marcelo Salinas, autorizó a los militares el empleo de munición de guerra para enfrentar a los marchistas y bloqueadores.
En medio de este panorama, el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, aseguró que exigió un informe al Comando Departamental de Policía de Tarija para esclarecer por qué sigue sin ejecutarse una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales.
Mariaca explicó en conferencia de prensa que el requerimiento emitido este lunes establece un término de 24 horas para que la Policía informe sobre las acciones asumidas para ejecutar ese mandato en el contexto de una causa que se sigue contra Morales por el presunto delito de trata agravada de persona.
“Se ha realizado un requerimiento fiscal al señor comandante departamental de la Policía para que realice a favor del Ministerio Público un informe dentro de las 24 horas sobre las acciones asumidas para cumplir y ejecutar los mandamientos de aprehensión”, afirmó Mariaca.
La petición también fue dirigida a la comisión de fiscales que lleva adelante el caso, con el objetivo de conocer los antecedentes y motivos que impidieron la ejecución de la orden judicial.
Acusado en este expediente durante el Gobierno del expresidente hoy encarcelado Luis Arce, Morales permanece desde octubre de 2024 en la localidad de Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, protegido por miles de sus seguidores, quienes mantienen a su alrededor varios anillos de seguridad.
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