El órgano jurídico del Ejecutivo solicitó ante el STF mantener detenida la aplicación de esa normativa, la cual abre el camino para reducir las penas de los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro.
La petición fue presentada en el marco de una Acción Directa de Inconstitucionalidad impulsada por la Asociación Brasileña de Prensa, que cuestiona la validez de la ley promulgada por el Congreso Nacional después que el legislativo revirtiera al veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Según el parecer enviado por la AGU al STF, la Ley de Dosimetría representa un “retroceso institucional” y promueve una reducción desproporcionada de las sanciones para delitos contra el Estado Democrático de Derecho.
La Abogacía argumentó que la legislación debilita la respuesta estatal frente a ataques contra la democracia, al facilitar progresiones de régimen penitenciario y disminuciones de condena para delitos cometidos por multitudes.
El órgano sostuvo además que la tramitación parlamentaria de la ley presentó irregularidades, entre ellas la fragmentación indebida del veto presidencial y la falta de retorno del texto a la Cámara de Diputados después de modificaciones consideradas sustanciales en el Senado.
El caso está bajo la relatoría del magistrado Alexandre de Moraes, quien suspendió temporalmente la aplicación de la norma mientras el tribunal analiza su constitucionalidad.
Por su parte, el Senado Federal y la Cámara de Diputados defendieron ante la corte la validez de la ley.
El Senado argumentó que el Supremo Tribunal Federal no puede invalidar normas penales únicamente por discrepar de la política criminal definida por el Congreso Nacional y afirmó que la modificación legislativa responde a demandas sociales, no a una confrontación con el Poder Judicial.
La Cámara de Diputados, en tanto, aseguró que las modificaciones introducidas por el Senado tuvieron carácter técnico y buscaron apenas aclarar el texto legal sin alterar el contenido esencial de la propuesta.
Al menos tres acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la Ley de Dosimetría esperan juicio en el Supremo Tribunal Federal, cuya decisión definitiva podría producirse este mes, según adelantó la Agencia Brasil.
Las organizaciones demandantes sostienen que la legislación banaliza ataques contra la democracia y debilita la protección penal del Estado democrático de derecho.
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