“Los mexicanos podemos; lo que faltaba eran gobiernos del pueblo”, aseveró al presentar en su habitual conferencia de prensa el informe Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, con sede en Sídney, Australia, y oficinas en varios países.

Acorde con los resultados difundidos por el análisis del organismo independiente, la paz en México mejoró 5,1 por ciento durante 2025, el avance más importante desde que comenzó la medición y el sexto año consecutivo de tendencia positiva.

La jefa del Ejecutivo destacó al informe como una confirmación de que la estrategia de seguridad impulsada desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) modificó la tendencia de deterioro registrada en años anteriores.

Contrastó dicha estrategia con la aplicada durante el sexenio del exmandatario Felipe Calderón (2006-2012), lapso en el que se apostó por “la guerra contra el narco” y se permitió la participación directa de agencias estadounidenses en operativos dentro del país.

Añadió que en dicho sexenio se pasó de 27 homicidios diarios a más de 70.

Sheinbaum insistió en que su Gobierno mantiene coordinación con Estados Unidos, pero rechazó cualquier subordinación, al tiempo que reiteró que en esta nación latinoamericana manda el pueblo.

Sostuvo que el debate actual en el país tiene que ver con “quién decide en México”, y señaló que “la esencia de lo que hoy estamos viviendo es la defensa de la soberanía”.

“Ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera de algunos cuantos (en Estados Unidos). Pues no. México no es piñata de nadie. Y tampoco van a intervenir en las elecciones de 2027. No. Aquí decide México”, advirtió la gobernante.

Las declaraciones ocurren en un contexto marcado por solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por Estados Unidos contra 10 mexicanos, pero sin presentar evidencias, por lo cual la Fiscalía General de la República las pidió a la nación vecina.

Las solicitudes de Washington ocurrieron poco después de que la Fiscalía emprendiera investigaciones tras difundirse la participación de dos estadounidenses (según medios, de la Agencia Central de Inteligencia) en un operativo en abril en el estado de Chihuahua, gobernado por la oposición.

Ni las instituciones del Gabinete de Seguridad ni la Cancillería conocían que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción dentro del país, lo cual resulta violatorio de la legislación nacional.

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