El mandatario cumplirá el próximo 24 de mayo un año de su segundo periodo presidencial, luego de completar previamente el periodo inconcluso del exgobernante Guillermo Lasso tras la aplicación de la denominada “muerte cruzada”.
Desde que asumió la jefatura del Ejecutivo, el 23 de noviembre de 2023, Noboa ha gobernado bajo regímenes excepcionales vinculados a la inseguridad y al denominado conflicto armado interno, que declaró en enero de 2024.
Tomando en cuenta que lleva aproximadamente 910 días en el poder, los ecuatorianos han vivido el 95 por ciento del gobierno del tiempo del actual gobernante en el poder bajo algún régimen excepcional de seguridad, apuntó Radio Pichincha.
La primera medida de excepción de su mandato fue emitida el 8 de enero de 2024 tras una escalada de violencia marcada por motines carcelarios, explosiones, ataques armados atribuidos a grupos criminales y la toma de un canal de televisión en plena transmisión en directo.
Pese a los estados de excepción, militarización y toques de queda, las cifras de violencia continúan elevadas.
Ecuador cerró 2025 con la tasa de homicidios más alta de su historia, al registrar 50,9 asesinatos por cada 100 mil habitantes y un total de nueve mil 216 crímenes, según datos oficiales.
En el primer cuatrimestre de 2026 se contabilizaron dos mil 778 homicidios, aunque según el mandatario en mayo los crímenes disminuyeron un 39 por ciento.
El Gobierno defiende su estrategia, incluidos dos toque de queda en lo que va de año.
En el más reciente, aplicado del 3 al 28 de mayo en nueve provincias y cuatro cantones, hubo más de cinco mil detenidos, entre ellos figuran 717 personas presuntamente vinculadas con estructuras criminales.
Sin embargo, especialistas cuestionan el impacto real de estas medidas.
El analista en seguridad y crimen organizado Renato Rivera afirmó que los resultados presentados por el Ejecutivo corresponden en gran medida a actividades habituales de la Policía Nacional y no necesariamente a efectos directos de los estados de excepción.
Según Rivera, existe un desgaste en el uso recurrente de decretos de emergencia y una ausencia de estrategia integral para enfrentar la violencia y las economías ilegales.
Mientras tanto, gremios empresariales y comerciantes sostienen que los toques de queda afectan especialmente a restaurantes, bares, transporte y pequeños negocios que dependen de las actividades nocturnas, principalmente en zonas urbanas y turísticas.
Noboa reconoció el sacrificio que implican medidas como la restricción de movilidad nocturna y a inicios de mayo afirmó que existen grupos políticos que buscan “confundir a la gente” sobre la situación nacional.
“La crisis que ellos dicen que tenemos, es una lucha, es un conflicto armado interno, no es una crisis”, señaló. Si bien el gobernante insiste en la declaratoria de conflicto armado interno para justificar la guerra contra el crimen y la militarización, tanto la Corte Constitucional como expertos de Naciones Unidas han señalado que no existe tal situación.
A su vez, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas expresó una “profunda preocupación” por el contexto de seguridad que vive Ecuador, marcado por militarización, estados de excepción y presuntas violaciones de derechos humanos.
El organismo advirtió sobre prácticas como detenciones arbitrarias, incomunicación y demoras en el acceso a defensa, así como la existencia de obstáculos para presentar denuncias, incluyendo la negativa de agentes a receptarlas o la sugerencia de esperar días antes de activar búsquedas.
La entidad internacional emitió una serie de recomendaciones al Estado ecuatoriano, entre ellas retirar progresivamente a las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad interna, y pidió un informe actualizado sobre el cumplimiento de las sugerencias hasta marzo de 2029.
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