La normativa establece la imposición de multas de 30 a 50 millones de dongs (de mil 138 a casi mil 900 dólares estadounidenses) por actos como proporcionar o compartir información que distorsione la historia, niegue los logros revolucionarios, o socave la unidad nacional.
Además, será punible insultar la religión y discriminar por razón de género o por motivos raciales, “pero no hasta el punto de incurrir en responsabilidad penal”, revelar información clasificada como secretos de Estado, de privacidad personal y otros que aún no justifican un enjuiciamiento penal.
También serán castigados hechos tales como difundir o compartir información falsa que cause pánico público, perjudique las actividades socioeconómicas, obstaculice el funcionamiento de los organismos estatales o los funcionarios públicos e infrinja los derechos e intereses legítimos.
El decreto prevé multar con entre 20 y 30 millones de dongs (de unos 750 a mil 138 dólares) a quienes utilicen las redes sociales para distribuir calumnias, difamación, información falsa, errónea, distorsionada, o que insulte la reputación de agencias, organizaciones o el honor y la dignidad de las personas.
Asimismo, se castigará a quien proporcione o comparta información que promueva vicios sociales, prostitución o trata de personas, o publique información obscena o depravada, socave las costumbres y tradiciones nacionales, la moral social o la salud pública, sin llegar al punto de incurrir en responsabilidad penal.
Igualmente serán multados quienes describan meticulosamente actos de apuñalamiento, asesinato, accidentes, horror o sucesos espantosos; compartan obras periodísticas, literarias o artísticas sin el consentimiento del titular de los derechos de propiedad intelectual, o que no hayan sido autorizadas para su circulación, o prohibidas, o confiscadas.
Quedarán también sujetos a sanciones los que publiciten, promocionen o compartan información sobre bienes y servicios prohibidos; difundan imágenes de mapas de Vietnam que no muestren o representen incorrectamente la soberanía nacional, o compartan enlaces a información en línea que contenga contenido prohibido.
En cuanto a las medidas correctivas, el decreto gubernamental estipula la posibilidad de obligar a la eliminación de información falsa o engañosa, o información que viole la ley, así como de suspender forzosamente cuentas, páginas o grupos de la comunidad, o canales de contenido, debido a violaciones de las regulaciones especificadas en el documento.
La normativa establece además sanciones administrativas para las infracciones en los ámbitos de los servicios postales, las telecomunicaciones, las radiofrecuencias, las transacciones electrónicas y las tecnologías de la información, indicó el diario electrónico gubernamental.
arc/mpm
