Transcurrida casi una semana de la imputación del exgobernante socialista, el primero de su rango en estar envuelto en un escándalo de presunta corrupción de grandes dimensiones, la ecuación coloca al conservador Partido Popular (PP) y a la ultraderecha de Vox en una cruzada que busca sacar del Palacio de la Moncloa a Pedro Sánchez.

Sánchez, socialista igual que Zapatero, mantiene su discurso en torno a la presunción de inocencia y pide prudencia a la hora de lanzar críticas demoledoras a la alianza de izquierda del actual Ejecutivo.

Una manifestación del fin de semana incitada por el PP y Vox en Madrid, en una horquilla entre 50 mil y 80 mil personas, según la óptica de cada cual, llegó incluso al intento de algunas personas violentas de traspasar los límites de la Moncloa.

Lo cierto es que, a la espera del fallo judicial contra un exministro y secretario de Organización de los socialistas del PSOE, junto a un colaborador cercano, la derecha parece convencida de que es el momento de convocar a elecciones generales anticipadas.

En cambio, la izquierda piensa lo contrario. El vocero de Izquierda Unida (IU) y figura del grupo Sumar en el Congreso de Diputados, Enrique Santiago, señaló que resta un año de gobierno y existen apoyos mayoritarios en el Parlamento.

Precisamente este lunes, la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, lanzó la iniciativa de convocar a un gran encuentro estatal después de verano con todas las izquierdas «sin excepción», con la aspiración de proyectar candidaturas hacia las próximas elecciones generales de 2027.

«Hagamos unos estados generales de la izquierda del futuro (…) trabajemos por el debate «franco, abierto y sin fronteras» para crear un espacio estable, recalcó en un desayuno informativo con los medios.

«Poco que perder y mucho que ganar (…) abramos el diálogo, incluso a los votantes de derechas”, apostilló para luego recalcar que «es la hora de romper moldes y límites (…) queremos salir de la esquina en la que estamos ubicados, ser transversales.

La imputación de Zapatero, acentuó el cisma en España con debates broncos en el Congreso de Diputados.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, señaló a Zapatero en el vértice de una estructura organizada para influir de forma supuestamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras. Todo, presuntamente, para obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros.

El secretario general de Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, opinó que espera transparencia y buen hacer de la justicia, pero también subrayó «con la misma contundencia» la inocencia del exjefe del Ejecutivo.

«Hemos ido escuchando además a expertos que tienen visiones absolutamente diferentes en relación al auto que se ha conocido», apuntó Alvarez.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo en la Cámara Baja que está dispuesto a hacer «todo lo posible» para que haya un cambio de gobierno cuando considere llegado el momento.

En un video difundido en redes sociales, Zapatero aseveró que «jamás» ha hecho gestiones ante ninguna «administración pública ni sector público ante el rescate» de la aerolínea Plus Ultra.

“Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad», recalcó Zapatero después de recibir una notificación de la Audiencia Nacional citándolo como investigado para el próximo 2 de junio.

«Jamás he tenido ninguna sociedad mercantil, «ni en España ni fuera de España», ni directamente ni a través de terceros, precisó.

Sin embargo, según trascendidos de las investigaciones, se le vincula con una trama de favores en la que aparecen sus hijas, políticos venezolanos y una parte del tejido de negocios de Dubai, en los Emiratos Arabes.

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